Palacio Legislativo, 30-III-2007 (Notilegis).­- El presidente de la Comisión de Justicia, César Camacho Quiroz (PRI), reconoció que existe deficiencia jurídica para obligar a las autoridades a ser transparentes en cuanto al decomiso de bienes a la delincuencia organizada, por lo que dijo, es necesario dotar al Estado de leyes, “porque en el asunto de la incautación las cuentas son precarias y en algunos casos, ni siquiera existen”.

El legislador señaló que el gobierno debe contar con instrumentos eficaces que le permitan transparentar ante la sociedad el buen uso de los bienes que se decomisan. “Una legislación moderna permitiría eventualmente hacer uso del dinero para la llamada justicia restaurativa”, comentó.

Camacho Quiroz explicó que hoy en día “no hay reglas que obliguen a las autoridades a ser transparentes para que nos digan dónde están los bienes, cuál es el monto de lo incautado o de los instrumentos del delito decomisado, hay que conseguir que la Procuraduría lo haga”, se pronunció.

En entrevista, al hablar del tema de la extinción de dominio, el presidente de la Comisión de Justicia recordó que en México se ha empezado a hablar de ello “porque los acontecimientos recientes ocurridos en el Distrito Federal llevan a concluir que hacen faltas figuras eficaces diseñadas para esto”.

Durante los últimos días, precisó, en la ciudad de México, con el combate a la delincuencia organizada, se ha recurrido a la figura de la expropiación, y creemos que ésta no necesariamente le dará buenos dividendos jurídicos al Gobierno del Distrito Federal.

“El hecho de combatir a los delincuentes me parece correcto, pero la forma de hacerse de los bienes de estos quizá no es lo más adecuado y el gobierno capitalino puede enfrentar problemas de legalidad, porque ha echado mano de una figura que es del derecho administrativo”.

De acuerdo a la Constitución, explicó, para que exista la expropiación, debe existir una causa de utilidad pública; “hay un largo listado que determina cuáles son las causas de utilidad pública, y ninguna parece adecuarse a esto que estamos viendo, que es justamente hacer que los bienes relacionados con los delitos pasen a manos del Estado”, aseguró.

César Camacho Quiroz detalló que la expropiación genera el pago de una indemnización, pero acotó que “cuando un delincuente o un grupo de personas cometen un delito, lo menos que estaríamos pensando es en pagarles”.

Por ello, dijo que se ha hablado de la necesidad de incorporar en la Constitución la llamada extinción de dominio, “que no es otra cosa sino la pérdida del derecho patrimonial de personas físicas o morales a favor del Estado, cuando estos bienes son instrumento, objeto o producto de actividades delictivas”.

En esta figura, subrayó, no hay pago alguno y esos bienes se aplican o se van a manos del Estado., con algunas consideraciones de carácter jurídico, para evitar que esta medida se aplique indiscriminadamente.

RRA