Palacio Legislativo 03/05/2007 (Notilegis). Al iniciar el análisis del informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre la Cuenta Pública 2005 en lo referente a los estados y municipios, la Comisión de Vigilancia observó que el Distrito Federal, Guerrero, Nayarit, Estado de México y Baja California tienen el mayor número de inconsistencias.

Así lo informó el presidente de ese órgano legislativo, Antonio Ortega Martínez (PRD), quien precisó que los Estados de la República y los municipios auditados por la ASF tienen que atender las 2 mil 328 observaciones por un impacto económico de 2 mil 813.1 millones de pesos, en un plazo no mayor a los 45 días hábiles que corren a partir de la presentación del informe de la ASF, es decir el 30 de marzo pasado.

“Son irregularidades que lamentablemente se repiten año con año, pero la conclusión de estos órganos de fiscalización local es que se cumplió con lo programado y que no hay irregularidades mayores; entonces esto habla de una contradicción e irregularidad que hay que resolver de manera institucional”, agregó.

“Hay un periodo que se llama de solventación,que la Auditoría ha fijado, un periodo de 45 días para que todas las entidades fiscalizadas –en este caso, estados y municipios— puedan aclarar, precisar e informar de manera suficiente los temas en los que la Auditoría considera que no hay suficiente claridad”, añadió.

El legislador agregó que de acuerdo con el informe del auditor, las contadurías mayores de Hacienda de los estados auditados realizaron 252 auditorías a petición de la ASF y no existe información de las seis programadas a los municipios de León, Guanajuato; Santa Curz Xoxocotlán, Oaxaca; Tantotoyuca, Veracruz; Michoacán y Jalisco, ya que los órganos locales no entregaron el informe correspondiente a la Auditoría.

Destacó que en el caso de las Contadurías mayores de Hacienda que debieron haber entregado resultados a la ASF y no lo hicieron están incumpliendo los convenios de colaboración, por lo que se revisará qué procedimiento se seguirá, ya que, aclaró, la Auditoría está limitada para aplicar sanciones, por lo que la Secretaría de la Función Pública tendría que iniciar las aplicaciones administrativas correspondientes.

“No estamos inculpando a la entidad que hizo uso de los recursos sino al órgano que no ha entregado el resultado de las auditorías”, aclaró.

Se buscará la recuperación de recursos mal habidos, mal gastados o no gastados;finalmente, aclarar los procedimientos penales que tienen que ver con denuncias ante el Ministerio Público por evidencias de desfalcos o de fraudes en recursos federales.

Las entidades federativas mantienen prácticas recurrentes de irregularidades en la aplicación de recursos federales, reiteró el legislador.

Ortega Martínez añadió que es indispensable que la ASF mantenga vigilancia directa en la aplicación de recursos federales, ya que mientras esta institución descubre irregularidades que derivan en fincamiento de responsabilidades, los órganos locales de fiscalización tan sólo promueven acciones correctivas sin fincar responsabilidades.

DJ