Palacio Legislativo, 26-VI-2007- (Notilegis).- Tras el anunció del secretario de Seguridad Pública (SSP), Genaro García Luna, en la destitución de 34 altos mandos de la Policía Federal Preventiva (PFP), el diputado del PRI, César Camacho Quiroz, presidente de la Comisión de Justicia, calificó como positiva esta decisión, al tiempo que manifestó su confianza de que la dependencia tenga una participación más activa en la lucha contra el crimen organizado.

“Esperamos que con esta medida haya una mayor eficacia, porque la gran ausente en el combate al crimen organizado es la Secretaría de Seguridad Pública. Hay que aplaudir esta decisión y entenderla como una buena intención”, apuntó.

El diputado priísta consideró que la remoción es una señal tácita de que las cosas no estaban funcionando bien, lo grave dijo, “es que esto ocurra seis meses después de iniciado el gobierno”.

Camacho Quiroz destacó que la SSP y el propio presidente de la República deben calcular los riesgos, a fin de evitar que los mandos sustituidos ingresen a las filas del crimen organizado.

“Es una reacción tardía pero puede verse con simpatía toda vez que no perdemos el optimismo de arranque en la administración federal, esperemos que además se corresponda con otras decisiones para que, de manera conjunta, puedan dar resultados en el más corto plazo”, aseveró.

Por su parte, la diputada Valentina Batres Guadarrama (PRD), señaló que el anuncio de depuración de la PFP no debería estar aislado, sino debería ser parte de una estrategia de reestructuración de seguridad pública en todo el país.

Lamentó que no se atendieran a tiempo los llamados que hizo el Congreso en el sentido de “utilizar” a los cuerpos policíacos en sus funciones y no sustituir sus facultades de seguridad pública con la presencia del Ejército en la “guerra” contra el crimen organizado.

Asimismo, recalcó la necesidad de que se sancionen los presuntos abusos cometidos por elementos del Ejército, toda vez que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió ocho recomendaciones el año pasado al gobierno mexicano en materia de seguridad pública, por los casos de Atenco, Lázaro Cárdenas y Oaxaca, entre otros.

Batres Guadarrama demando al gobierno mexicano abstenerse a utilizar la fuerza contra la población y garantizar los derechos constitucionales de los individuos y las organizaciones.

BL