Palacio Legislativo, 26-VII-2007. (Notilegis). Secretarios de Educación, así como de Finanzas de los estados expresaron su preocupación sobre la nueva formula para asignar los recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB), que se propone en la iniciativa de Reforma Fiscal presentada por el Ejecutivo Federal al Congreso de la Unión, ya que consideraron que no se cuentan con indicadores de calidad.

El titular de la Unidad de Coordinación de Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda, José Antonio González Anaya, se pronunció por crear un mecanismo para reducir la inequidad en el gasto federal, a fin de que se fortalezcan los incentivos de los Estados para invertir y dedicar recursos a la educación.

En el largo plazo, a 15 años, detalló, se pretende que el gasto federal por alumno sea el mismo en cada estado, pues hasta el momento la distribución de los recursos del FAEB no ha cumplido con el objetivo de reducir las desigualdades que existen entre las entidades.

“Existe evidencia que sugiere que la forma en que se asignan dichas transferencias acentúa las desigualdades, ya que no han reflejado los cambios en la demanda educativa y matrícula a nivel nacional”, argumentó.

Con la propuesta del Ejecutivo, explicó, el total de aumentos del FAEB, que en 2006 fue de 195 mil millones de pesos, se distribuirán de acuerdo a una fórmula que contempla: 30 por ciento por la desigualdad que existe entre un estado y otro; más 60 por ciento por demanda de matrícula; y 10 por ciento para premiar a aquellos que hagan esfuerzos para incrementar la calidad educativa.

El funcionario federal aclaró que la propuesta de reforma dará como base a todos los estados el monto de FAEB que recibieron el años anterior (2007), por lo que ningún estado sufrirá reducciones en sus aportaciones; año con año, los incrementos serán mayores para aquellos que estén por debajo de la media nacional; y garantiza que las transferencias del FAEB por alumno se mantendrán iguales para todos, una vez cerrada la brecha entre entidades.

En ese sentido, el secretario de la Comisión de Educación, Víctor Manuel Lizárraga Pedraza (PRD), cuestionó “en qué país viven” los funcionarios cuando pretende la convergencia de aportaciones por alumno, ya que en México el sector educativo tiene grandes disparidades.

“Tiene indicadores que hay que tomar en consideración, desde la matrícula, la migración, al dispersión, a eficiencia terminal, la deserción escolar, el rezago, el problemón que la federación le transfirió desde 1992 a las entidades federativas”, expresó.

Por ello, invitó a los funcionarios de la Secretaría de Hacienda a reflexionar la propuesta, ya que está hecha para un México que no existe. “Si en México no tuviéramos rezagos, no hubiese pobreza, no tuviéramos trabajadores migrantes, golondrinos; no tuviéramos ciudadanas y ciudadanos que buscan una oportunidad laboral en otra entidad federativa, tal vez esa propuesta sería muy viable”, enfatizó.

Por su parte, el secretario de Educación de Baja California Sur, Jesús Omar Castro, tras señalar que cualquier propuesta que se encamine a reducir la inequidad tiene que ser aplaudida, sin embargo, manifestó su preocupación pues su estado representa el 0.5 por ciento como indicador demográfico con respecto del resto de la nación, lo que les afectaría en la fórmula a aplicar.

“Yo creo que tendría que reformularse en planteamiento que hace la Secretaría de Hacienda, conjuntamente con la Secretaría de Educación Pública, de tal suerte que pudieran tomarse en cuenta los factores de crecimiento económico desigual entre una entidad y otra; el indicador demográfico

SHH