Palacio Legislativo 28-VII-07 (Notilegis).-Con la finalidad de acabar con los abusos en la operación de las Sociedades Hipotecarias de Objeto Limitado (Sofoles) por la falta de un marco jurídico para proteger a quienes hacen uso de estos créditos, el diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva (Convergencia) promoverá una iniciativa que reforma los artículos 57 y adiciona el 57 Bis de la Ley de Vivienda.

Explicó que en el sexenio pasado no hubo una política de Estado para resolver las necesidades sociales en materia de vivienda social y popular, tampoco hubo un seguimiento estricto a las reglas de operación de los programas de vivienda financiados con recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación o de los organismos de financiamiento privado, por lo que no hay garantías que den seguridad a los beneficiarios de crédito de estas sociedades.

Informó que actualmente las Sofoles representan un grave peligro para el patrimonio de los “beneficiarios” de algún crédito, en virtud de las altas tasas de interés y de los convenios injustos, que son desconocidos por los acreditados; de la misma manera resulta incierta la solidez y transparencia con la que han operado estas instituciones.

Agregó que los créditos de las Sofoles se otorgan en Unidades de Inversión (UDIs), para lo cual deben sujetarse a un contrato de cobertura de hasta 45 mil UDIs, equivalente a 170 mil pesos, lo que permite mantener estabilidad en los rangos de cobro mensual; sin embargo, superando esa cantidad, no hay garantía para los usuarios, lo que provoca incremento progresivo de los pagos.

A esto, dijo, se suma que las Sofoles tienen que ajustar las UDIs a pesos el día de cobro de cada mensualidad, así como la variación del monto de los seguros que están obligados a contratar; se agrega también una comisión por el financiamiento de la Sociedad Hipotecaria Federal y otra por el costo de administración del crédito, todo ello amortizado por el trabajador.

“Así, un trabajador termina pagando en 30 años, término obligado actualmente para la cobertura del crédito, el equivalente de hasta cinco departamentos de interés social”, declaró.

En dicha iniciativa se plantea que los pagos sean mensuales y que no representen más del 20 por ciento del ingreso mensual del trabajador; el crédito deberá comprender un seguro de vida, invalidez y daños, así como un seguro de desempleo por un mínimo de seis meses y prorrogable por causas debidamente justificadas hasta por tres meses.

De la misma manera, se pretende que el total del monto del crédito no podrá ser superior al 90 por ciento de la vivienda, incluyendo gastos de escrituración, y tanto el crédito como el subsidio se otorgarán mediante asignaciones a través de intermediarios financieros.

Éstos deberán estar bajo la estricta supervisión de la Comisión Bancaria y de Valores y de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) en el ámbito de sus facultades y competencias.

AAP