Palacio Legislativo 2-I-2008 (Notilegis).- El Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México propone una nueva Ley de Decomiso de Bienes de Procedencia Ilícita, resultado de la Delincuencia Organizada para que no sólo los delincuentes sean privados de sus recursos económicos o bienes muebles, sino también socios, accionistas, herederos y legatarios o donantes.

También se propone aplicar esta ley a cualquier otro mecanismo a través de los que se pretenda simular la procedencia de los bienes y que favorezca el lavado de dinero.

La propuesta del diputado Xavier López Adame (PVEM), secretario de la Mesa Directiva, señala que se merma el desarrollo del país debido a los costos incuantificables, tanto los directos como los indirectos, producidos por el crimen y la violencia a la economía nacional estimados en alrededor de 15 por ciento del PIB, aproximadamente 108 mil millones de dólares al año.

“En México el 98.9 por ciento de los delitos quedan impunes, pues la probabilidad de ser condenado es de las más bajas del mundo, ya que representa sólo 1.1 por ciento, en tanto que en Estados Unidos de América la probabilidad es de 9.1 por ciento, en Italia de 11.5 por ciento, en Argentina de 12 por ciento y en Inglaterra de 22.6 por ciento”, mencionó.

El documento refiere que el aumento de la delincuencia organizada, así como la participación de individuos en delitos como narcotráfico, secuestro y trata de personas, o delitos patrimoniales como el robo, son un riesgo para la seguridad.

Denuncia que los grupos o individuos del crimen organizado tratan de "legalizar" la adquisición de bienes a través de la donación o de la inversión en negocios lícitos. Es por eso que se propone sean decomisados los bienes no sólo de los miembros del crimen organizado sino, además, de sus parientes, dependientes económicos, socios, accionistas o beneficiarios directos o indirectos que no puedan acreditar la causa próxima y remota de la adquisición legal de riqueza.

La iniciativa señala que el Ministerio Público Federal podrá acudir ante un juez de Distrito en Materia Penal a fin de solicitar sea decretado el decomiso de bienes y por ende la pérdida de esta propiedad, a todos los sujetos indiciados o no, procesados o no, que no puedan acreditar la legal adquisición de dichas cosas y derechos.

Se propone que los bienes decomisados pasarán a ser propiedad del Estado y el Servicio de Administración de Bienes llevará a cabo su administración y disposición de los bienes, derechos y productos decomisados.

El destino de los beneficios económicos será determinado, como se propone en el numeral tercero, por la Cámara de Diputados, a través del Presupuesto de Egresos de la Federación, donde procurará que sean utilizados para el combate de la delincuencia, a la impartición de justicia, a la asistencia de víctimas del delito, al sector salud y a la protección del ambiente.

Las actividades ilícitas a que se refiere la minuta son: el delito de enriquecimiento ilícito; las conductas cometidas en perjuicio del erario; los beneficios económicos que hayan obtenido los secuestradores, terroristas o todos los delincuentes que por su actividad ilícita obtengan bienes o réditos de los mismos, en términos de esta ley; los delitos combatidos a través de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y todos los delitos que, por su naturaleza, deriven en bienes que puedan ser decomisados por haber sido adquiridos como resultado de los beneficios de dichas conductas, siempre que no se tenga la obligación de devolvérselas a las víctimas u ofendidos.

La iniciativa de ley fue turnada a las Comisiones Unidas de Justicia, y de Hacienda y Crédito Público, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

LMGP