Palacio Legislativo 1-IV-08 (Notilegis).- El tema del secretario de Gobernación y los contratos con Pemex se debatió desde la tribuna de la Cámara de Diputados, donde legisladores
del PRD, Convergencia y PT solicitaron la remoción de Juan Camilo Mouriño, por considerar que su actuar motivó tráfico de influencias y abuso de autoridad; por su parte la fracción parlamentaria del PRI señaló que no encubrirán a nadie, pero tampoco exonerarán a priori, sino que se dedicará a investigar.

En tanto, la fracción parlamentaria del PAN destacó que las acusaciones al secretario de Gobernación son una cortina de humo para “tapar” los conflictos al interior del PRD; también lamentó que las denuncias no tengan sustento legal ni pruebas, por lo que solicitaron que todos los funcionarios sean “medidos con la misma vara”.

Durante el debate desde la tribuna, el diputado Octavio Martínez Vargas (PRD), argumentó que, congruente con el Estado de derecho, como lo ha establecido permanentemente la derecha del país, lo mínimo que “esperamos todas y todos los mexicanos” es que inmediatamente sea removido del cargo el actual titular de Gobernación.

Agregó que Mouriño ha sido cuestionado por los ciudadanos mexicanos; sin embargo, para nadie queda claro la forma en cómo de la noche a la mañana se extendieron los negocios de la familia Mouriño; pero la firma de los contratos con PEMEX supone tráfico de influencias, abuso de autoridad, uso indebido de funciones y colusión de servidores públicos.

En tanto, el legislador Pablo Arreola Ortega (PT), consideró que la doble personalidad con la que actuó el titular de Gobernación es un motivo de conflicto de intereses, tráfico de influencias y abuso de autoridad, por lo que es necesaria “su remoción inmediata”.

“El señor Mouriño violó distintas leyes federales con el claro propósito de beneficiar los negocios privados de su familia que se relacionan con contratos cde Petróleos Mexicanos. Estas conductas han echado por tierra uno de los dogmas que el PAN usó para criticar a los gobiernos priístas en el sentido de que no se debían emplear los cargos públicos para obtener beneficios privados”, advirtió.

A su vez, Cuauhtémoc Velasco Oliva (Convergencia),advirtió que de encontrar culpable a Mouriño de uso indebido de atribuciones, tráfico de influencias y abuso de autoridad, la Secretaría de la Función Pública debería inhabilitarlo hasta por 12 años.

Asimismo, el legislador Adolfo Mota Hernández (PRI), aseguró que su grupo parlamentario “no va a encubrir ni será encubridor del gobierno federal, pero también no somos partícipes de condenar a priori una situación que está en el seno de la Comisión y en la que vamos a participar consistentemente”.

Por eso, afirmó, “vamos a investigar las dudas que la sociedad en su conjunto tiene respecto de la actuación del hoy secretario de Gobernación, y lo hacemos con el espíritu que nos anima como legisladores y entendiendo también que hay canales jurídicos e instituciones”.

Por su parte, el diputado Edgar Ramírez Pech (PAN) exhortó a los legisladores de oposición a hacer las cosas con seriedad y que no se trata de linchamientos, sino de establecer si la acusación que se le imputa a Mouriño, tiene fundamento jurídico y ético.

“Para Acción Nacional no queda en duda, de ninguna manera, el comportamiento ético y legal del ahora Secretario, sin embargo, nosotros sí nos sujetamos a la legalidad, nosotros no somos rehenes de problemas internos o de caprichos personales de suspirantes y de aspirantes”, advirtió.

En tanto, el diputado Manuel Cárdenas Fonseca,exhortó a los legisladores a no caer en la “tentación” de distraerse con el tema medular que es la Reforma Energética, “ahí están las instituciones que deberán darle cauce jurídico al tema, ahí está la invitación para que se integren a la comisión de investigación”.

AAP