Palacio Legislativo, 04-IV-2008 (Notilegis).- Las relaciones entre México y Venezuela podrían afectarse si la nacionalización de la filial de la empresa Cementos Mexicanos (CEMEX) en aquel país no se realiza apegada a derecho, advirtió el coordinador del PRD en la Cámara de Diputados, Javier González Garza.

Por su parte, el diputado Obdulio Ávila Mayo (PAN), lamentó la actitud del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, ya que afecta a una empresa mexicana de clase mundial, que está haciendo un papel eficiente y que va a perjudicar a miles de mexicanos que trabajan en CEMEX, que verán perdidas las ganancias invertidas en ese país.

González Garza apuntó: “nadie puede expropiar así nada más, tiene que haber preceptos legales y por lo tanto espero que la medida se trate en términos estrictamente legales y que no se enturbie la relación entre México y Venezuela”, advirtió el legislador.

En entrevista en el recinto de San Lázaro, González Garza explicó que los gobiernos autónomos tienen derechos y entre ellos existen el de establecer cierto tipo de medidas, “pero si esas medidas no son legales en la reglamentación por la que se estableció la empresa, podría haber problemas”, apuntó.

Y agregó que si está dentro de los derechos del país la medida, “haciendo las indemnizaciones correspondientes a las empresas de la industria cementera estaábien”.

Aseguró que se necesita resolver el problema legalmente y sobre la posibilidad de que Acción Nacional presente un punto de acuerdo ante el Pleno el próximo martes para que se debata el tema en Tribuna, el diputado se mostró abierto a la discusión.

A su vez, el diputado de Acción Nacional, Obdulio Ávila, dijo: “estamos en un siglo en el que ha quedado evidente que el Estado no es empresario, el Estado debe de promover la seguridad jurídica, física de las personas, el Estado debe ser un regulador y promotor, pero no debe dedicarse a hacer cemento, esas no son las funciones del Estado”, agregó.

Aclaró que aunque respeta la decisión soberana de un Estado, la solidaridad de los legisladores debe de estar con CEMEX, dado que es una empresa mexicana y que se ajustaba al marco legal y regulatorio de las cementeras en Venezuela. “Yo como legislador mexicano lamento la decisión del gobierno venezolano y me solidarizo con la empresa mexicana”.

“Como diputado federal, como representante de la nación, exijo que el gobierno venezolano nos rinda un informe puntual de por qué se ha tomado esta decisión, si bien es cierto que lo hace en el ejercicio de sus facultades soberanas, nosotros no podemos dejar a la deriva a mexicanos que arriesgan capital y que dan empleo a venezolanos”, dijo Obdulio Ávila.

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