Palacio Legislativo 29-IV-2008 (Notilegis).- El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó con 393 votos a favor la minuta con proyecto de decreto, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Población la cual despenaliza la migración, es decir, no se considera criminales a los migrantes centroamericanos en territorio mexicano.

La minuta reforma los artículos 118, 125 y 127 y deroga los artículos 119, 120, 121, 122, 123 y 124 de la Ley General de Población y establece un trato digno a los migrantes centroamericanos que ingresan a territorio mexicano por la frontera sur del país.

En su momento, el secretario dela Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, José Ramírez Martínez (PRI), explicó que al derogar los artículos mencionados de la Ley General de Población se le quita “el status de criminal al migrante, y la pena corporal y económica” que el marco jurídico migratorio establece por lo que se despenaliza la migración documentada.

Ramírez Martínez explicó que el marco jurídico migratorio establecen 10 años de prisión y una pena económica severa a los migrantes pero con la reforma aprobada se evitará que éstos sufran dichas sanciones.

El también promovente de la reforma destacó que por nuestro país cruzan 300 mil centroamericanos por año, es decir, 25 mil migrantes por mes y según la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) hasta el 10 porciento de los migrantes son vejados.

Detalló en que el dictamen se prevé fortalecer al Instituto Nacional de Migración “para tener un mejor control y así un migrante documentado podrá tener la posibilidad de estar en territorio mexicano identificado”, dijo.

Por su parte, el también secretario dela Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, José Jacques y Medina (PRD), exhortó al Pleno a acabar con la extorsión en contra de los migrantes e indocumentados y crear una política migratoria humanitaria.

“Tenemos que impulsar una legalización para quienes cruzan la frontera sur de México y poner el ejemplo de que los trabajadores no son criminales, sino que buscan el alivio y solución económica de sus familias y este es momento para crear una política migratoria humanitaria", señaló.

Por otra parte, el dictamen señala que se impondrá multa de 20 a 100 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, al extranjero que habiendo sido expulsado se interne nuevamente al territorio nacional sin haber obtenido acuerdo de readmisión; así como el que oculte su condición de expulsado para que se le autorice y obtenga nuevo permiso de internación.

Asimismo, la anterior multa se impondrá al extranjero que contraiga matrimonio con mexicano en los términos previstos en el artículo 127 de la Ley General de Población.

Según la minuta, se impondrán sanciones previstas en el Código Penal al extranjero que haga uso de un documento falso o alterado, o que proporcione datos no verdaderos al ser interrogado por la autoridad con relación a su situación migratoria.

ASC