Palacio Legislativo 30-VI-2008 (Notilegis).- En la lucha contra el narcotráfico que sostiene el Gobierno Federal, se han afectado más a las clases sociales necesitadas que al mismo crimen organizado, además de que policías y militares caen en excesos como el haber incautado 600 autos particulares, transgrediendo garantías individuales de los ciudadanos.

Así lo denunció, el diputado del PRD, Armando Barreiro Pérez, quien explicó que en el reciente operativo militar Culiacán-Navolato, se decomisaron 600 vehículos particulares que no tenían nada que ver con el narcotráfico.

Reveló que la mayoría de los cateos se realiza sin orden judicial y se han clausurado muchos negocios. “Resulta un exceso del Ejercito, dejar sin empleo a más de 200 familias trabajadoras en bares y cantinas, por el cierre de estos, sin ningún procedimiento legal”, apuntó.

Por su parte, el coordinador estatal de una organización social y ciudadana denominada Crisol, en el estado de Sinaloa Luis Javier Corvera Quevedo, indicó que la Secretaría de Hacienda impone una carga fiscal de hasta el doble del valor del vehículo decomisado.

En conferencia de prensa, Corvera Quevedo calificó de delicado el que se asegure que se está ganando la guerra contra el crimen organizado, siendo que en este problema se afectan los derechos de los ciudadanos.

También el diputado federal, anunció que impulsará un punto de acuerdo ante la Comisión Permanente, en el que se exhorta al Gobierno Federal para que informe que parámetros sigue para establecer las cifras que ha dado sobre la delincuencia.

El representante popular recordó que el Procurador General de la República, Eduardo Medina Mora, dio a conocer las siguientes cifras, resultado de la lucha contra el crimen organizado: Se han decomisado drogas y precursores químicos para su elaboración por un valor de 909 millones de dólares; 13 mil 500 armas; 900 granadas de fragmentación; un millón 500 mil municiones y 273 aeronaves.

Además de que en efectivo se han incautado 260 millones de dólares y 91 millones de pesos. A lo que el legislador reiteró que es necesario que el Gobierno Federal dé conocer los parámetros con los que se ha determinado esa información.

JZM