Palacio Legislativo 18-XI-2008 (Notilegis).- El coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, Héctor Larios Córdova, aseguró que entre hoy y la próxima sesión se aprobará la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la cual pretende homologar los sistemas contables para municipios, estados y federación, para así evitar el desvio de recursos en cualquiera de los tres niveles de gobierno.

“Espero que el día de hoy y a más tardar en la próxima sesión se apruebe la Ley de Contabilidad Gubernamental que homologa los sistemas contables (…) es un tema central para la vigilancia y la transparencia en el manejo de los recursos”, subrayó.

En entrevista, el legislador precisó que la Ley jugará un papel central para la vigilancia y la transparencia en el manejo de los recursos, ya que establecerá control. “Es un blindaje para evitar que gobiernos municipales y estatales desvíen recursos como lamentablemente a veces sucede”, expresó.

Fundamentalmente, acotó, ahora que la mayor parte de los recursos públicos los ejercen los estados.

En este sentido, la diputada integrante de la Comisión de la Función Pública, Alma Edwviges Alcaraz Hernández (PAN), explicó que el objetivo de la ley es uniformar las contabilidades de todo el país y en los bienes que adquieren los presidentes municipales, gobernadores, secretarios de Estado y el Presidente de la República.

Por lo anterior, la también secretaria de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, explicó que los municipios, estados y Gobierno federal, cuentan con una contabilidad propia, lo cual dificulta el trabajo de la ASF y de la Secretaría de la Función Pública en la revisión de recursos públicos.

Alcaraz Hernández denunció que existen casos de saqueos por parte de mandatarios en los tres niveles de gobierno que creen que todo lo que compraron con el erario público durante su administración es de ellos. “Cuando termina su administración se llevan los bienes”.

Por lo que urgió a que se apruebe la ley para que se establezca que el patrimonio público tiene dueño y es el país y la ciudadanía. “Actualmente no existe la obligación de los gobiernos de registrar el patrimonio —activos— de tal manera que cuando terminan los periodos consideran que lo que compraron en su administración se lo pueden llevar”, reiteró.

JZM