Palacio Legislativo 04-II-2010 (Notilegis).- El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó un punto de acuerdo para que el Ejecutivo federal instruya a los titulares de la Secretaría de Gobernación y al Procurador General de la República, a que de manera inmediata ofrezcan disculpas públicas y reivindiquen el nombre, prestigio y honor de los 15 servidores públicos de Michoacán que fueron liberados por resultar inocentes de las acusaciones vertidas en su contra.

A propuesta del diputado Pablo Escudero Morales (PVEM), los legisladores avalaron que se agilicen y sometan, a estricto apego a derecho, las investigaciones que están en curso de los que aún continúan presos, ya que de encontrárseles culpables les deberá castigar, pero de lo contrario y concedérseles todo el respaldo del Estado.

El proponente recordó que en mayo del 2009 se ordenó la detención de veintiocho personas para completar diversas órdenes de localización y presentación en contra de presidentes municipales, funcionarios estatales, luego de un “supuesto operativo espectacular” en el estado de Michoacán.

Por lo anterior, Escudero Morales aseguró: “no es concebible” que una persona sea sometida a una vejación de su personalidad, por el simple hecho de que es sospechoso y, mucho menos, se violen flagrantemente las garantías individuales de que es poseedor, mientras se es sometido a abusos de autoridad, calumnias improcedentes y faltas de todo sustento.

El diputado informó que la Policía Federal Preventiva, sin que mediara orden expedida por autoridad competente, catearon los domicilios de los señores Citlalli Fernández González, Gabriel Mariano Gaona y Lorenzo Rosales Mendoza, servidores públicos de Michoacán, lo que constituyó una violación de la Constitución Política.

Asimismo, Pablo Escudero señaló que la Procuraduría General de la República vulneró a los agraviados sus derechos de legalidad, seguridad jurídica, debido proceso y defensa, previstos en la Carta Magna.

“Resulta vergonzoso y preocupante que a ocho meses de los hechos, la mayoría de los inculpados (15 de 31) han quedado libres, nunca se les comprobó ninguna de las imputaciones del gobierno federal, lo que nos hace suponer los motivos reales de estos operativos, reducidos a una estrategia electoral, simplemente debemos recordar que ocurría en esos momentos”, agregó.

En ese sentido, consideró trascendental que las autoridades exhortadas, emitan una disculpa y resarcimiento de la honorabilidad, inocencia y prestigio de los servidores públicos del estado de Michoacán que fueron liberados.

AILH