Palacio Legislativo 23-II-2010 (Notilegis).- La presidenta de la Comisión Especial para la Lucha en Contra de la Trata de Personas, Rosi Orozco (PAN), sostuvo que de nada sirve una mejor ley, equipo, policías especializados y un ministerio público sensible para combatir ese delito si los jueces encargados de dictar sentencia no usan un criterio correcto para evitar la impunidad en estos ilícitos.

Al inaugurar el l foro “Análisis y Discusión sobre la Legislación Penal en Materia de Trata de Personas” la legisladora informó que para el crimen organizado constituye la tercer fuente de ingresos este delito, sólo por debajo del narcotráfico y del tráfico de armas. “Hoy en día nuestro país se compara tristemente con Tailandia como paraíso de tratantes, pederastas y explotadores”, precisó.

Rosi Orozco dijo que de acuerdo a organismos nacionales e internacionales se estima que en México existen entre 16 mil y 20 mil niños víctimas de trata con fines de explotación sexual, de los cuales el 80 por ciento son entre 10 a 14 años y aunque este flagelo usualmente se relaciona con la explotación sexual es sin duda alguna un problema laboral.

Refirió que la mayor parte del combate y prevención hoy en día corresponde a las entidades federativas, donde sólo cuatro cuentan con una ley específica y prevenir este problema y aunque la mayoría de los estados han tipificado este delito en sus códigos penales existe una enorme disparidad entre lo que contempla cada uno.

“Esta heterogeneidad en los marcos jurídicos ha permitido que tratantes queden libres y que la impunidad se imponga ante el sufrimiento de las víctimas y peor aún creando desconfianza en las instituciones y pocos incentivos para las denuncias”, sentenció.

En su intervención, el titular de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), Miguel Ángel Mancera Espinosa, consideró que la trata de personas sólo se puede combatir mediante un trabajo coordinado entre los distintos órdenes de gobierno, y adelantó que seguirán los operativos en los que se ataque este delito.

“Sólo con un trabajo coordinado podemos seguir dando esta lucha, son muchos los factores de respuesta y los intereses que se afectan. La PGR no se detendrá en los operativos, les aseguro que en breve vamos a seguir dando cuenta, vamos a seguir compartiendo información de inteligencia con las autoridades federales”, afirmó Mancera Espinosa.

El procurador capitalino reiteró que seguirán los trabajos para acabar con la trata de persona, ya que: “Con sólo una víctima que rescatar, con sólo un culpable que logremos sentenciar, daremos un paso importante en el compromiso de procurar justicia en esta ciudad”.

Aunque reconoció que el combate a este delito no es sencillo, pues primero se tiene que detectar la manera en que operan las bandas, después convencer a las victimas de que están siendo sometidas, para posteriormente librarse “una lucha más con los tribunales”.

Por su parte, el quinto Visitador General de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Fernando Batista Jiménez, advirtió que México es un país de origen, tránsito y destino de víctimas de la trata de personas. “El delito se ha expandido sin precedentes y se ha convertido en un flagelo social, que no es sino la reedición de la esclavitud”.

Resaltó que según la Organización Internacional para las Migraciones se estima que 2.5 millones de personas son captadas cada año para fines de trata de personas, más aún, la Organización de las Naciones Unidas considera que en la actualidad hay 27 millones de personas que realizan trabajos forzados.

En ese contexto, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha calculado que las ganancias ilícitas generadas por este delito anualmente ascienden a 36 mil millones de dólares; “mientras que en nuestro país la UNICEF y el INEGI, estiman que unos 16 mil niños y niñas se encuentran esclavizados para explotación sexual”.

En tanto el subsecretario y comisionado general de la Policía Federal, Facundo Rosas Rosas, informó que en el cuerpo de seguridad que representa ya se aplica la experiencia que tienen en manejo de crisis y negociación en caso de secuestro o extorsión para atender la primera etapa de ese delito, que es la ausencia de esa víctima.

“La ley de la Policía Federal le otorga a los compañeros que día a día están en la calle amplias facultades para poder proceder desde la recepción de la denuncia, el reporte de los familiares o que la propia víctima inicia, estamos en condiciones de poderlos atender”, dijo.

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