Palacio Legislativo 25-II-2010 (Notilegis).- El presidente del Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias, Omar Fayad Meneses (PRI), presentó una iniciativa para crear la figura de revocación de mandato para el Presidente de la República, a fin de “crear frenos y contrapesos” en la rendición de cuentas al brindarle a los ciudadanos la posibilidad de destituirlo mediante el voto.
“Con la ampliación de nuestro marco normativo de responsabilidades, ahora incluyendo al titular del Poder Ejecutivo federal, acabaremos con esa figura presidencial intocable, incuestionable, políticamente inimputable ante los ciudadanos, y dará a nuestro sistema democrático una mayor legitimidad”, declaró el legislador.

En la exposición de motivos, el diputado del PRI explica que a pesar de que existe la posibilidad de hacer sujetos de juicio político a todos los altos servidores de los tres poderes, además de los gobiernos estatales “resulta injustificable que no haya responsabilidad política para el Presidente de la República, vulnerando el principio de equilibrio de poderes”.

La rendición de cuentas, afirmó el diputado al presentarla en tribuna, contribuye a la legitimidad del poder público, por ello, en el actual escenario, “resulta injustificable que el titular del Ejecutivo quede fuera del esquema constitucional de responsabilidad, sobre todo cuando tiene a su cargo la más alta responsabilidad pública, la de jefe del Estado y del gobierno”.

Aclaró que al día de hoy el único mecanismo de rendición de cuentas entre electores y gobernantes para premiar o castigar es el voto, toda vez que el sistema actual carece de mecanismos como la reelección o la revocación de mandato.

Omar Fayad explicó que la revocación de mandato es una institución jurídico-constitucional. “Es un derecho o facultad que asiste a los electores. Tiene por objeto la destitución de un funcionario o autoridad de elección popular antes que expire el periodo de su mandato”.

Fayad Meneses expuso que la revocación puede ser presentada por actos u omisiones contrarios a las disposiciones de la Constitución, así como por manejo indebido de fondos y recursos federales. Igualmente, se aplica por la comisión de delitos graves.

JZM