Palacio Legislativo 25-II-2010 (Notilegis).- El presidente del grupo de plural para dar seguimiento al caso de ex funcionarios de Michoacán, el diputado Rubén Moreira Valdez (PRI), informó ante el Pleno que existieron violaciones a las garantías individuales de los 35 funcionarios públicos de dicha entidad, que fueron acusados por presuntos nexos con el crimen organizado y narcotráfico.

“Se reconoce la lucha contra la delincuencia organizada, pero no a costa de la violación de los derechos humanos. Se declara en contra del uso ilegítimo de la fuerza y de que, a la sombra de ese combate, se restrinja el disfrute y libre ejercicio de las garantías constitucionales”.

Al dar a conocer el informe del grupo plural que preside, el legislador comentó que se debe reparar el daño ocasionado a los agraviados y tomar medidas para evitar represalias, así como ajustar sus actuaciones a la legislación penal a fin de garantizar el derecho a la presunción de inocencia y a una defensa adecuada.

El grupo plural –indicó- propone se estudien y analicen las figuras procesales y otras que no pueden resultar ofensivas a los derechos humanos.

Tras felicitar a la comisión que presentó el informe del proceso judicial al que fueron sometidos ex servidores públicos del estado de Michoacán, el diputado del PT, Gerardo Fernández Noroña, lamentó que la actuación irresponsable de los medios de comunicación “hicieron polvo a los funcionarios detenidos”.

Fernández Noroña acotó que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha recibido mil 714 quejas contra el Ejército, de las que “sólo en Michoacán hay 500, y eso que Chihuahua es la entidad que encabeza la lista”.

Consideró que el legislativo debe plantearse con seriedad el funcionamiento de la Policía Federal Preventiva (PFP) en su lucha contra el crimen organizado, además de exigir que Ejército “regrese a los cuarteles. “No tiene ninguna facultad para hacer funciones policiacas, sólo saben mandar y obedecer”, acotó.

La diputada del PRD, Dina Herrera Soto, demandó que continúen las investigaciones correspondientes en el proceso judicial de los ex servidores públicos que aún siguen detenidos.
“No teníamos ninguna razón de ser sino exigimos ni sumamos nuestra voces para que se dé a la libertad de estos presos que aún siguen padeciendo y sufren sus familias”, declaró.
ALRG / JZM