Palacio Legislativo 26-III-2010 (Notilegis).- En México se deja de recaudar anualmente alrededor de 700 millones de dólares debido a la elusión fiscal que causa la piratería, informó el presidente de la Comisión de Justicia, Humberto Benítez Treviño (PRI), al anticipar que se tiene listo el dictamen para perseguir de oficio a quienes incurren en este delito.

Por tal motivo se presentará ante el Pleno de la Cámara de Diputados, en su próxima sesión, el dictamen que persigue de oficio a la piratería, que reforma el artículo 223 BIS de la Ley de Propiedad Industrial, y contempla una sanción de 2 a 6 años de prisión y de 100 días de multa a quien incurra en esta responsabilidad.

“A partir de la aprobación de esta ley se persigue de oficio el delito de piratería, ya que anteriormente se perseguía por querella de ofendido y esto aletargaba la procuración de justicia, inhibía los cuerpos encargados de perseguir los delitos y, lo más importante, se presentaban amenazas a los titulares de los derechos de autor”, dijo Benítez Treviño.

La iniciativa pretende modificar el artículo 429 del Código Penal Federal para establecer que el delito de piratería se convierte en un ilícito perseguible de oficio.

Actualmente se persigue por querella de ofendido, causando un doble agravio, porque uno es motivo de amenazas para los titulares de los derechos de autor y propiedad industrial y es una fuente de corrupción, ya que las autoridades encargadas de combatirlo extorsionan a los vendedores finales.

“Lo que tratamos con esta Ley es facilitar a las procuradurías la persecución y la sanción de las grandes bandas de delincuencia organizada, que son a los que va dirigida esta reforma”, precisó.

Benítez Treviño aclaró que la ley no va en contra de las personas que sen sorprendidas comprando piratería o aquella gente que vende algunas cosas pirata que son mínimas, sino va enfocado hacia las grandes bandas que producen en escala mayor para distribuir obras protegidas por la Ley de Propiedad Industrial, ya que eso es lo que genera un daño grave a la economía del país.

Esta Iniciativa va dotar de instrumentos a las procuradurías para perseguir ese delito, ya que no lo estaban haciendo porque argumentaban que no existía querella porque amenazaban las bandas dedicadas a este delito a los titulares de los derechos con hacerles alguna afectación en su integridad física o en sus propiedades si presentaban la denuncia.

La iniciativa que tiene como origen el Senado de la República fue analizada previamente y dictaminada a favor en la Comisión de Justicia por los diputados integrantes y se prevé que una vez que sea avalada por el Pleno, pasará al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.

ALR