Palacio Legislativo 20-V-2010 (Notilegis).- La diputada Enoé Margarita Uranga Muñoz, secretaria de la Comisión de Derechos Humanos, condenó la reforma aprobada por el Congreso de Baja California para permitir que quien tenga el deber legal de cubrir las pensiones alimentarias de los menores de 18 años, pueda evadir su obligación mediante el pago de una multa de 10 a 50 días de salario mínimo.

“De ser publicada por el gobierno del estado se coronarían como baluarte del machismo y la misoginia que priva en el país”, dijo.

“Por un lado, le niegan a las mujeres el derecho a decidir sobre su cuerpo y las obligan a continuar un embarazo no deseado, incluso a riesgo de su propia vida, y, por otro, liberan a los hombres de su responsabilidad paterna”.

La legisladora comentó que estas reformas son “el aberrante retrato del atraso institucionalizado por políticos retrógradas” con aspiraciones obtusas de sujeción de las mujeres y abandono de los hijo.

Por lo que exhortó al gobernador de esa entidad, José Guadalupe Osuna Millán, a no publicar la reforma, aprobada por el Congreso local, que adiciona un párrafo al Artículo 235 del Código Penal estatal para permitir que quien tenga el deber legal de cubrir las pensiones alimentarias de los menores de 18 años evada esta obligación mediante el pago de una multa.

En caso de concretarse –insistió- Baja California retrocedería gravemente en la defensa del interés superior del niño, porque recordó que el Estado mexicano está obligado a cumplir, lo que es claramente violatorio de los tratados internacionales signados por México, del Artículo 8º de la Carta Constituyente de ese Estado y del Artículo 4º de la Constitución mexicana, señaló.

ALRG