Palacio Legislativo 23-V-2010(Notilegis).- Se han cometido fraudes inmobiliarios y de inversión por 10 mil millones de pesos en varios estados del país, situación que ha provocado infartos de personas que pierden el patrimonio de toda su vida, denunció el diputado José Óscar Aguilar González (PRI), quien adelantó que la Comisión de Función Pública analiza citar a comparecer al titular de la SFP, Salvador Vega Casillas, para que explique por qué la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y la Secretaría de Hacienda (SHCP) permitieron operar esos negocios.

El integrante de la Comisión de Vivienda, indicó que es necesario que la Secretaría de Función Pública (SFP) actúe en contra de los funcionarios que permiten operar a dichos defraudadores. Insistió que la dependencia federal debe intervenir porque los servidores públicos de la CNBV y la SHCP no hacen nada para impedir que se cometan este tipo de fraudes a personas que pierden el patrimonio de toda su vida.

Aguilar González comentó que la CNBV y la SHCP deben cumplir la Ley de Responsabilidades Administrativas, la cual establece que si el daño es mayor a 200 veces el salario mínimo (once mil pesos aproximadamente), los responsables tienen que ser inhabilitados de sus funciones de 10 a 20 años o hasta destituidos de su cargo, no sin antes aplicar una sanción económica de hasta tres veces el daño ocasionado.

El legislador detalló que ha recibido familiares de personas que han sido víctimas de infartos, ante la desesperación de perder sus ahorros. Señaló que en fechas recientes se han registrado 12 fallecimientos a causa de paros cardiacos de quienes han sido defraudados por Grupo Sitma, en Puebla y 10 más en Veracruz, por la misma empresa.

“Se calcula que en todo el país el monto de fraudes de este tipo asciende a unos 10 mil millones de pesos por fraudes de empresas que ofrecen servicios financieros o de inversión”, aseveró.

“No se ha cumplido con lo que establece la Ley; es decir que la CNBV y la SHCP actúen y sancionen a esas empresas defraudadoras. Han fallecido muchas personas que hicieron sus depósitos porque les ofrecieron altas tasas de rendimiento y no se les cumplió”, agregó.

Por ello, demandó a la Secretaría de la Función Pública a actuar contra los funcionarios de la Secretaría de Hacienda y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores por permitir operar a empresas de servicios financieros e inversión sin cumplir con el reglamento necesario.

El legislador consideró que el caso más grave es el del Grupo Sitma, el cual extendió sus operaciones en Puebla, en medios de comunicación masiva y espectaculares, mientras las autoridades no actuaron para evitar los miles de fraudes.

Sostuvo que también se han recibido demandas de otras empresas que operan bajo los mismos parámetros, por lo que deja ver que no sólo hay negligencia, sino quizá hasta complicidad de autoridades para permitir este tipo de abusos financieros.

ALRG