Palacio Legislativo 25-V-2010 (Notilegis).- Al reunirse con el grupo de trabajo plural que da Seguimiento al Conflicto por el decreto de extinción de la CLyFC, el subsecretario de Gobernación, Roberto Gil Zuarth, afirmó que la dependencia federal “acatará sin reserva” el fallo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determine respecto al recurso de controversia constitucional interpuesto por el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME).

“Ya la Suprema Corte tomará una determinación y la Secretaría de Gobernación, el gobierno confía plena y absolutamente en la Corte y acatará sin ninguna reserva el fallo que emita sobre el fondo de esta cuestión”, dijo el funcionario federal en la reunión con legisladores y representantes del SME.

Gil Zuarth expresó que el gobierno federal asume toda su responsabilidad ante la decisión de extinguir a la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, al tiempo que destacó: “el ahorro en términos de valor presente neto de la liquidación de LFC, se reduce en 700 mil millones de pesos, es decir, 10 puntos porcentuales del PIB, que implican dos veces toda la infraestructura que habrá de construirse en el sexenio de Felipe Calderón”, explicó.

Aclaró que “no es opción para el gobierno de la República la contratación colectiva de trabajadores, debido a que la demanda laboral de la CFE debe articularse en función de las necesidades reales en términos de efectividad y eficiencia del servicio”.

Fue una decisión necesaria y responsable, defendió Gil Zuarth, y no puede ser empañada por soluciones de coyuntura que pueden resultar fáciles para ganar el aplauso de una audiencia.

Al día de hoy, informó Roberto Gil, hay dos mil 413 alzas en el IMSS de ex trabajadores de Luz y Fuerza. “Los trabajadores se han incorporado a la economía de manera natural, además de que el gobierno federal ha logrado consolidar dos mil 807 empleos en el ultimo periodo en 82 empresas formadas por ex trabajadores”. Más aún, destacó, que la Comisión Federal de Electricidad ya ha contratado 565 ex trabajadores.

Dijo que existe una reserva de recursos para promover los empleos de los ex trabajadores por el monto de tres mil 500 millones de pesos. “Se han establecido metas de capacitación, certificación y colocación en el mercado laboral del orden de cuatro mil ex trabajadores al año”, precisó.

Poco antes, el líder del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), Martín Esparza Flores, propuso que el Congreso de la Unión, dentro de sus facultades, instrumente el restablecimiento del procedimiento administrativo del decreto de extinción de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro (CLyFC), ya que el Ejecutivo federal se valió de una figura jurídica inexistente en la ley para tal determinación.

Durante su participación en la reunión de trabajo con el Grupo Plural para dar Seguimiento al Conflicto entre el Sindicato Mexicano de Electricistas y el Gobierno Federal, Esparza Flores planteó que “el Congreso de la Unión, dentro de las facultades que tiene, proceda instrumentar que se reponga el procedimiento administrativo del decreto de extinción, por lo que a través de ustedes (diputados) se alcance a un acuerdo para reintegrarnos a nuestras labores”.

Aseveró que el Ejecutivo nunca presentó la motivación y fundamentación del decreto de extinción, pues utilizó y se valió de la figura jurídica “desincorporación por vía de extinción”, que no existe en la ley. “En ninguna parte de la ley, la cual ya revisamos, existe esa figura”.

Martín Esparza señaló que el único facultado para modificar las leyes es el Congreso de la Unión, por lo que tiene que exigir al gobierno federal que, en el marco de la propia Constitución, reponga el proceso administrativo de extinción de Luz y Fuerza del Centro.

A su vez, el diputado Porfirio Muñoz Ledo (PT) aseguró que el esfuerzo del gobierno federal por reacomodar a los ex trabajadores del Sindicato Mexicanos de Electricistas no es la solución del conflicto, por lo que propuso un nuevo esquema de negociación donde se respete el contrato colectivo de los trabajadores.

Muñoz Ledo afirmó que se debe replantear una negociación que permita, conforme acuerdos anteriores, encontrar mecanismos de respeto a los derechos humanos y laborales, ya que “el contrato colectivo es un derecho humano”.

AILH/JZM