Palacio Legislativo 31-V-2010 (Notilegis).-El presidente de la Comisión Especial Encargada de Estudiar, Analizar y Supervisar el Funcionamiento de las Aduanas, Puertos y Aeropuertos Nacionales, Héctor Hugo Hernández Rodríguez (PRD), impulsa un punto de acuerdo para que los artículos decomisados que ingresan al país de manera ilegal --telas, zapatos y ropa-- se vendan entre cinco y 10 pesos en zonas pobres de México.

Dijo que el precio del producto sería simbólico y se vendería en las tiendas Diconsa. “Que se ayude a paliar en algo la condición de 50.6 millones de compatriotas que habitan en alguno de los 54 municipios más pobres que no tienen ni siquiera una muda de ropa”, sostiene.

En el punto de acuerdo, se especifica que el Servicio de Administración Tributaria (SAT), decomisó 5 millones de prendas de vestir usadas y nuevas de manera ilegal al territorio nacional, cuyo valor aproximado es de 420 millones de pesos.

De acuerdo al SAT, argumenta el diputado, los 4.9 millones de prendas de vestir que se han incautado en bodegas, tianguis y vehículos que transitan por las carreteras nacionales, alcanzarían para darle una prenda a cada habitante de los estados con la mayor pobreza: Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Aguascalientes, Tlaxcala, Campeche y Nayarit.

Recordó que el Sistema de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), en el mes de julio de 2009 destruyó 700 toneladas de ropa usada incautada, en los hornos de la cementera Moctezuma. Además de que entre el 2008 y 2010, se han realizado 81 operativos para verificar que las mercancías se encuentran debidamente identificadas.

Igualmente, sostiene que la industria del vestido está en la mejor disposición de colaborar para que la ropa incautada sea donada en zonas marginadas, siempre y cuando, “existan las condiciones por parte del gobierno para que sean entregadas efectivamente y no regresen al mercado ilegal”.

Por lo anterior, Hernández Rodríguez exhortó al Ejecutivo Federal para que a través de las secretarías de Hacienda, Desarrollo Social, SAT, SAE, Dirección General de Adunas, y la Cámara de Diputados instrumenten mecanismos y acuerdos de coordinación a efecto que se lleve a cabo, mediante Diconsa, la distribución de los bienes incautados.

JZM