Palacio Legislativo 16-VI-2010 (Notilegis).- Legisladores del grupo parlamentario del PRD calificaron de “grave y absurda” la resolución de la Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en torno al caso de la guardería ABC de Hermosillo, Sonora, ya que deja ver cómo se fortalece un sistema corrupto que beneficia a quienes violan las garantías constitucionales.

El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Juventino Castro y Castro (PRD), calificó de “absurda” la conclusión que emitió la SCJN de la tragedia del 5 de junio del 2009, en la Guardería ABC, ya que “se reconoce que hubo violaciones a las garantías constitucionales pero no hay culpables”.

“Es increíble que, vez con vez, se llegue al mismo resultado. Podemos decir que hay claras violaciones a las garantías constitucionales, pero no podemos decir quién ha sido”, dijo.

En entrevista, el diputado adelantó que presentará una iniciativa para que todas las investigaciones de la Corte sean enviadas a la Procuraduría General de la República (PGR) a fin de abrir la averiguación para establecer el castigo correspondiente a quienes hayan cometido violaciones graves.

El ministro en retiro, Castro y Castro aclaró que la SCJN no tiene de la facultad de sancionar pero si de señalar a los culpables, por lo que se requiere un marco jurídico que permita a la PGR retomar la resolución de la Corte para procesar a los responsables de las faltas constitucionales.

Asimismo su correligionario, el diputado José Narro Céspedes manifestó que la decisión de la SCJN debilita de manera grave a la institucionalidad del país y fortalece la impunidad y el tráfico de influencias de altos funcionarios.

Indicó que al no fincar responsabilidades a los funcionarios que incurrieron en el caso de la guardería ABC de Hermosillo, Sonora deja como manifiesto la discrecionalidad de las autoridades.

“Nombrar como constitucional la subrogación es aceptar el enriquecimiento de unos cuantos, apoyado en la obligación del gobierno federal, de brindar seguridad social a los mexicanos”.

El legislador cuestionó a los ministros por avalar la constitucionalidad de la subrogación basada en la supuesta falta de medios económicos, materiales y humanos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para cumplir con su obligación constitucional.

“Es fácil afirmar que el Estado ha optado por no cumplir con la responsabilidad de brindar seguridad social y convertirla en un gran negocio, dejando de lado el apoyo a los trabajadores y el desarrollo de los niños”, expresó.

ALRG