Palacio Legislativo 22-VI-2010 (Notilegis).- La Comisión Especial para dar Seguimiento de los Feminicidios Registrado en México demandó al gobierno federal cumplir con la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sobre el caso "Campo Algodonero", el cual se refiere a la desaparición, tortura y asesinato de tres mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua, así como por violar derechos humanos de sus madres y familiares.

Al respecto, la integrante de esa comisión especial, Teresa Guadalupe Reyes (PT), sostuvo que hay falta de voluntad del Gobierno federal para cumplir con los resolutivos y plazos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el caso “Campo algodonero”, en Ciudad Juárez, Chihuahua.

“El gobierno estaba obligado a elaborar, antes del 10 de junio de este año, una página de Internet con la información de todas las niñas y mujeres desaparecidas en Ciudad Juárez en los últimos 17 años, pero esa página electrónica es inexistente”, expuso.

En reunión de trabajo con autoridades de la Secretaría de Gobernación, Guadalupe Reyes dijo que se debe vigilar el cumplimiento con el plazo de la sentencia, la cual vence el próximo 10 de diciembre de este año, para que se realice el memorial de las víctimas de homicidio por razones de género, en donde las autoridades se niegan a reconocer que deben incluirse a todas las mujeres y niñas asesinadas y no únicamente los nombres de las tres víctimas que llevaron el caso ante la corte internacional.

Además, manifestó su preocupación porque hasta el momento no se ha creado una base de datos con información genética de familiares de mujeres y niñas desaparecidas a nivel nacional. “A la fecha el gobierno federal no ha emprendido ninguna acción en este sentido”, indicó.

Posteriormente, el Jefe de la Unidad de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, José Antonio Guevara Bermúdez, reconoció que las sentencias de la CIDH son definitivas e inapelables, sin embargo dijo que en este caso le corresponde principalmente al gobierno Chihuahua cumplir con el fallo, y al Estado le compete una figura de apoyo.

“Involucra la responsabilidad y coordinación de los tres poderes del estado de Chihuahua con el apoyo del gobierno federal. Cuando se trate de un estado parte, el gobierno de éste cumplirá las disposiciones en la materia”, explicó el funcionario federal.

En ese sentido, Antonio Guevara advirtió que el Estado mexicano requiere de reformas que fortalezcan y ayuden a cumplir con las sentencias de la Corte Interamericana, como el aprobar un fondo que ayude a cubrir los costos de los fallos.

“No existe un fondo para el cumplimiento de las sentencias y cada vez que hay una, existe una negociación para ver qué le corresponde a cada quien. Esto se evitaría y se podrían pagar las indemnizaciones y cubrir los cotos a memoriales y otras cuestiones que deriven del cumplimiento del fallo”, explicó.

Por lo anterior, afirmó que la minuta de reforma constitucional en materia de Derechos Humanos que se encuentra en discusión en la Cámara de Diputados, “pudiera ser un aspecto que nos ayude a fortalecer el andamiaje jurídico para cumplir con obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y sentencias”, dijo.

Otra necesidad legislativa, consideró el funcionario de Gobernación, es una Ley de Coordinación de las Autoridades con el Sistema Interamericano.

“Actualmente trabajamos sobre la base de la buena fe y el compromiso político de los diferentes niveles de gobierno para cumplir las sentencias, sería muy útil contar con una ley que ayudara a resolver muchos de los retos, problemas y obstáculos con los que nos enfrentamos”, afirmó.

Más adelante, la titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim), Laura Carrera Lugo, manifestó que el orden jurídico del país no contempla la regulación específica, que permita dar cumplimiento a las resoluciones emitidas por organismos internacionales, cuya jurisdicción fue reconocida por México.

Carrera Lugo señaló que se han presentado obstáculos para dar respuesta oportuna a la sentencia del caso “Campo Algodonero”, por lo que es necesario gestar un marco jurídico requerido, ya que van tres sentencias que recibe como Estado mexicano.

Sin embargo, subrayó que de no cumplir con la sentencia de la COIDH, el gobierno federal quedaría en medio del reproche internacional por parte de la Organización de Estados Americanos.

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