Palacio Legislativo 22-VI-2010 (Notilegis).-Diputados de la Comisión Especial encargada de Vigilar el Correcto uso de los Recursos Federales, Estatales y Municipales en los Procesos Electorales acordaron invitar a la titular de la Fiscalía Especializada Para la Atención de Delitos Electorales, Arely Gómez González, a quien solicitarán que tome de oficio las irregularidades que han dado a conocer los medios de comunicación en los procesos electorales de las entidades.

El presidente de la instancia legislativa, Manuel Cadena Morales (PRI), puntualizó que “es muy importante que la fiscalía esté en el seno de esta comisión plural para qué nos informe qué es lo que ha hecho respecto a los sucesos. Creo que nos podemos llevar una sorpresa, a qué me refiero, a que no haya los recursos interpuestos ante la Fiscalía de todo lo que hemos escuchado en los medios de comunicación”.

Por lo anterior, el diputado advirtió que si no hay un recurso interpuesto en la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) por algún partido político o candidato, solicitarán a esta fiscalía que los casos dados a conocer a través de los medios de comunicación, como el espionaje telefónico y el presunto uso de recursos públicos en las campañas electorales sean tomados por oficio.

Entrevistado al final de la reunión de trabajo de la comisión, el legislador destacó que el objetivo de la reunión con la fiscalía es conocer qué acciones ha realizado ante las diversas irregularidades en los procesos electorales en estados como Veracruz, Zacatecas, Oaxaca y Puebla. Asimismo, convocó a los partidos políticos a presentar sus denuncias y recursos en los tribunales.

Explicó que la comisión a su cargo no tiene la facultad de presentar una denuncia; sin embargo, dijo, si algún partido o algún candidato o algún ciudadano nos hace llegar al seno de la Comisión alguna demanda. Nosotros seremos el vehículo para llevar llevar ante los tribunales este recurso.

Durante la reunión de trabajo, el diputado Rubén Moreira Valdez (PRI) enfatizó que es necesario que se investiguen las intervenciones telefónicas que han presentado los medios de comunicación para saber si éstas son financiadas con recursos públicos.

Dicha propuesta fue apoyada por la diputada Gabriela Cuevas Barron (PAN), quién dijo que lo importante es garantizar que los recursos públicos no se utilicen para campañas electorales ni para alguna otra cosa.

“Los procesos electorales no se detienen y debemos encontrar con qué mecanismos debemos de ir más adelante para prevenir ya no las llamadas telefónicas sino que los recursos públicos se encuentren a salvo de cualquier tentación de desvío”, dijo.

ASC