Palacio Legislativo 13-IX-2010 (Notilegis).- En nuestro país cuatro de cada 10 hogares viven violencia, lo que se acentúa debido a la falta de una legislación uniforme a nivel nacional que garantice los derechos y obligaciones que fortalezcan la convivencia del núcleo familiar, por lo que urge armonizar la legislación local con el marco legal federal, coincidieron diputados, especialistas y representantes de diversas instituciones en el “Encuentro Nacional -Hacia la Armonización Legislativa en Derecho Familiar”.

La diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo, presidenta de la Comisión Especial para la Familia (PRI), afirmó que se han asumido nuevos compromisos para emprender acciones que permitan atender las prioridades de las familias y sus integrantes, con la finalidad de fortalecer los derechos de las personas y brindar un “ambiente sano” libre de violencia.

Indicó que es necesario impulsar trabajos conjuntos para lograr una armonización legislativa local con el marco jurídico federal, así como analizar los tratados internacionales en materia de derechos humanos, a fin de que México los retome para mejorar el entorno familiar.

El objetivo principal de los trabajos, dijo, es fortalecer los primeros núcleos sociales de cualquier persona para evitar que los jóvenes crezcan en un ambiente de violencia, y sean presa fácil del crimen organizado y del narcotráfico.

En su participación, la titular del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), Cecilia Landerreche Gómez Morín, indicó que existen regiones en las que aún se tolera el maltrato infantil, donde el agresor no es castigado, por lo que urgió a armonizar un marco jurídico que brinde la protección necesaria a los derechos de los niños y niñas mexicanos.

“Es importante que se hable de las familias, porque es la célula básica para alcanzar un desarrollo humano sustentable. Es la estructura que le da sentido a una política social y cultural”, comentó.

Gómez Morín indicó que se necesita un cambio de paradigma donde se consideren de mejor manera el derecho familiar, “porque es este núcleo un lugar de prevención para evitar graves problemas sociales como es la violencia”, dijo.

En su momento, la secretaria de la Comisión Paz Gutiérrez Cortina (PAN), señaló que es obligación del Estado velar por la protección de las familias como elemento fundamental de la sociedad.

La legisladora indicó que en ocasiones, lejos de promover una legislación que respalde, fortalezca, armonice y proteja a la familia, a veces se debilita su estructura, lo que permite una banalización que atenta a la dignidad, vida, y derechos. “Deja como resultado una juventud permisiva y desorientada victima de la promiscuidad sexual, aumento de embarazos no deseados y contagios de enfermedades; presa de consumo de drogas y alcohol. Carne de cañón para la violencia y la muerte”.

El compromiso, dijo, es trabajar para defender los valores fundamentales y los derechos humanos universales que no son negociables, “un nuevo concepto de familia será analizado y abordado de forma diversa desde las distintas perspectivas de la sociedad civil, de los programas, políticas públicas, organizaciones internacionales, para propiciar un verdadero cambio cimentado en un Estado de Derecho para caminar a una sociedad más sana, equitativa y justa”, aseguró.

Por su parte, la secretaria de la instancia legislativa, Enoé Uranga Muñoz (PRD), advirtió que en cuatro de cada 10 hogares en el país se sufre de violencia domestica, “lo que demuestra que prevalece un México de inconmensurables distancias”.

A esto, abundó la legisladora del PRD, se suma que en diversas entidades como el Estado de México, Puebla, Veracruz, y Chiapas, son las zonas donde se registra la mayor pobreza prevalecen índices altísimos en la mortalidad de las mujeres que dan a luz.

Dijo que las cifras oficiales en relación a la familia demuestran que existen distintas composiciones de ésta, por lo que el “Estado tiene la responsabilidad de generar políticas públicas y leyes que le den protección”.

Uranga Muñoz consideró que de no reconocer la pluralidad en las familias y mantener una solidez que suponga que le podemos decretar a la sociedad diversa una sola composición “provocará que la política hipócrita siga sin resolver los retos que tenemos en materia de desarrollo social”.

En su intervención, la Coordinadora del Programa sobre Asuntos de la Niñez y la Familia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Victoria Adato Green, indicó que existe una propuesta de la Comisión para que se modifique el artículo IV, a fin de elevar a rango constitucional la consagración del derecho a la identidad a través del registro gratuito a nivel nacional.

“La Comisión ha preparado un proyecto de reforma, a efecto de que en el cuarto constitucional, se consagre el derecho a la identidad, a través del registro correspondiente con la expedición de las actas de nacimiento en forma gratuita”, dijo.

Mientras se realice este cambio, Adato Green indicó que por el momento la Comisión ha lanzado una campaña a nivel nacional de registro gratuito de los niños, a la espera de que se impulsen las reformas que permitirán asegurar la supremacía de atención de vida de los menores.

ALRG/IPC/JZM