Palacio Legislativo 2-X-2010 (Notilegis).- El presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Rubén Moreira Valdez (PRI), aseguró que después de la liberación de los presidentes municipales de Michoacán, señalados por la PGR de tener nexos con el narcotráfico, se debilitó la figura del testigo protegido, ya que se trata de un delincuente a quien se le paga por denunciar.
“El testigo protegido es un delincuente que se le paga por delatar a otras personas y mientras las delate recibe un sueldo, en otros países ha funcionado, porque se vincula con otras pruebas, pero en México tiene valor de prueba plena y hoy, después del michoacanazo, sería bueno que se rindieran cuentas del uso de los testigos protegidos”.
Mencionó que su posición en contra del testigo protegido se debe a que se trata de un delincuente, al cual se le paga por denunciar a otras personas y mientras las delate recibe un sueldo, sin las pruebas suficientes que sustenten sus señalamientos.
“Éste se ve influenciado por el peligro o el miedo y por lo tanto puede falsear sus declaraciones evitando denunciar a grandes capos y sí inventar delincuentes con tal de seguir en el sistema de testigos protegidos”.
En este sentido, cabe señalar que el legislador presentó una iniciativa, el pasado mes de mayo, en la que se plantea que, a fin de salvaguardar la inocencia y defensa de toda persona, propone eliminar el arraigo y garantizar la libertad de toda persona de no existir orden de aprehensión.
Con esta propuesta, señaló el legislador, se busca frenar y combatir los abusos de las que han hecho uso de dichos instrumentos que restringen y vulneran los derechos fundamentales de las personas.

La iniciativa que modifica, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política, busca eliminar las figuras del arraigo, testigos protegidos y reserva de las actuaciones en la investigación en los procesos penales.
“A fin de salvaguardar el principio de inocencia y defensa de toda persona, se propone eliminar el arraigo y garantizar que ninguna persona podrá ser privada de su libertad sin que haya una orden de aprehensión”.

Explicó que con el objetivo de garantizar la protección del derecho de la libertad “y un reclamo de la comunidad internacional” se buscará que el responsable y su abogado tengan derecho a conocer a los testigos que presentan la acusación así como acceso a la documentación que se registre en la investigación.

Moreira Valdez indicó que las recomendaciones emitidas por el Comité de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, relativas al nivel de cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos solicitó eliminar del marco legal, la figura del arraigo, al considerar que lesiona la libertad de las personas y pone en peligro la integridad de los detenidos.

Añadió que a pesar de los debates que señalan la inconstitucionalidad de la figura y de los criterios que emitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), se introdujo en el artículo 16 de la Constitución Política donde sólo se restringe para los casos de delincuencia organizada.

Con esta reforma, se espera generar una cultura de denuncia entre la sociedad ante los errores y abusos que predominan en el proceso penal y judicial y en materia de investigación y persecución.

El también integrante de la Comisión de Defensa Nacional indicó que éstos y otros abusos han convertido a México en uno de los países con mayores niveles de injusticias, superado por Irak, Afganistán, Pakistán, Nigeria y Guinea Ecuatorial.

El diputado federal dijo que el arraigo constituye la violación de la libertad de las personas garantizadas en la Constitución, pues al no haber pruebas que conduzcan a una probable responsabilidad, se procede a la privación de la libertad sin que se justifique la detención.

IPC