Palacio Legislativo 11-XI-2010 (Notilegis).- Un total de 164 organizaciones ciudadanas entregaron a la Comisión de Seguridad Pública una serie de propuestas en las que se destaca la exigencia de replantear la política de combate a la delincuencia organizada, ya que hasta el momento ha resultado deficiente y limitada, además de establecer en lo inmediato los mecanismos de actuación de las Fuerzas Armadas.

Orlando Camacho, del Sistema de Observación para la Seguridad Ciudadana desglosó que las organizaciones buscan que se establezca un Fondo de Mitigación de los Efectos Sociales de la violencia; así como establecer mecanismos para la actuación de las Fuerzas Armadas en el combate a la delincuencia organizada, entre los que deben incluirse el sujetarse en todo momento al mando civil.

Al respecto, el presidente de la instancia legislativa, José Luis Ovando Patrón (PAN), manifestó que de inicio coincide. “Estamos juntos en esto y estamos seguros que mientras más participación ciudadana exista, entre más vigilancia y fiscalización y por lo tanto rendición de cuentas haya, seguramente tendremos mejores instituciones en materia de seguridad pública”.

Al mismo tiempo, instan a establecer un esquema de controles democráticos que involucren la supervisión expedita del Congreso de la Unión sobre los resultados de la actuación de las Fuerzas Armadas en el combate a la delincuencia organizada.

En ese sentido, piden garantizar la planeación, ejercicio, evaluación, y el financiamiento de la nueva agenda social con base a los principios de derechos humanos de progresividad.

Dentro del Sistema de Procuración de Justicia, las organizaciones proponen incrementar la capacidad de investigación y procuración de justicia, y no centrarse en el despliegue territorial de la fuerza pública.

Igualmente, enfatizar la garantía de los derechos humanos y la satisfacción de necesidades específicas y de las poblaciones objetivo y los grupos sociales en situación de riesgo, afectación o vulnerabilidad.

Además, piden establecer mecanismos institucionales que incrementen la confianza y la certeza en el acceso a la justicia, las garantías al debido proceso y la protección de las victimas con perspectiva de derechos humanos

Plantean establecer condiciones para garantizar la correcta implementación de la reforma del nuevo Sistema Penal, aparte de incrementar la capacidad de la policía de investigación, tanto en número de agentes como en su capacitación y equipamiento de inteligencia en la etapa de implementación de la reforma.

Fortalecer, explica el documento, la institución del Ministerio Público para concederle incremento gradual de autonomía de gestión y presupuestaria, con rendición de cuentas permanente para garantizar la eficiencia y transparencia de su actuación.

Dentro de la reforma de la policía, se pide sustituir el concepto de seguridad pública estrecho por el de seguridad ciudadana amplio, a fin de establecer mecanismos de presencia y control ciudadanos sobre las instituciones y policías para que su funcionamiento se apegue a los principios que caracterizan a las instituciones democráticas, como transparencia, rendición de cuentas y reducción de la discrecionalidad.

Para el sistema penitenciario, sostienen, se debe fomentar una concepción del derecho penal de última razón, es decir formular mecanismos para racionalizar el uso de la prisión preventiva y crear contrapesos institucionales y ciudadanos frente a la administración penitenciaria.

JZM