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Nota N°. 4533 Construcción de la Supervía Poniente es ilegal y violenta derechos de habitantes: De la Paz Quiñones; Que se detenga hasta hacer consulta ciudadana, propone

Palacio Legislativo 14-I-2011 (Notilegis).- La diputada María de la Paz Quiñones (PRI), pidió al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard Casaubon, detener las obras de construcción de la Supervía Poniente, porque es ilegal y violenta los derechos de los habitantes de las delegaciones Magdalena Contreras y Álvaro Obregón, afirmó.

Mediante un punto de acuerdo que presentó en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la legisladora exigió no continuar con las obras, en tanto la empresa no cumpla con las disposiciones legales y concluyan los procesos jurisdiccionales que se encuentran en resolución.

En ese sentido, exhortó al titular del Gobierno del Distrito Federal para que sean resarcidos los derechos de los ciudadanos de las delegaciones afectadas, e informe con veracidad, mediante consulta, la definición de la viabilidad de esta obra.

En rueda de prensa, acompañada por habitantes de esas demarcaciones, Paz Quiñones urgió a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal a emitir la recomendación correspondiente a Ebrard Casaubon, por la violación de los derechos de los habitantes de Magdalena Contreras inconformes con la obra.

“¡Ya basta que el Jefe de Gobierno pretenda manipular a la opinión pública con verdades a medias o fabricadas! ¡Basta de que con el uso de la fuerza pública imponga la ilegalidad!”, reclamó.

Para la construcción, dijo, la empresa concesionaria Controladora Vía Rápida Poetas, incumple con los permisos para la demolición e inejecución de las condicionantes que le fueron establecidas en materia de impacto ambiental.

“Expertos en materia ambiental y urbanismo, han señalado que esta obra afectará gravemente el entorno, el medio ambiente y la calidad de vida de los habitantes de Magdalena Contreras y Álvaro Obregón.”, recalcó.

Esta obra, sostiene el punto de acuerdo, se realiza en la ilegalidad, compromete los derechos de los ciudadanos y pone en riesgo la paz social. “Es entonces al gobierno y a la empresa concesionaria a quienes deberían de aplicarle la fuerza pública y no a la comunidad; el mundo al revés”, acotó.

JZM

 
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