Palacio Legislativo 11-02-2011 (Notilegis).- Legisladores del PVEM y PRI expresaron su beneplácito porque la Secretaría de Gobernación (Segob) atendió las medidas precautorias que realizó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en la expedición de la Cédula de Identidad Personal para los menores de edad.

Los diputados Pablo Escudero Morales (PVEM) y Canek Vázquez Góngora (PRI) refirieron que ahora con la aceptación de las recomendaciones, será requisito indispensable la autorización de los padres o tutores para poder llevar a cabo el registro de los menores.

Luego de que la Segob anunció que atenderá las recomendaciones, a fin de garantizar la protección de los derechos humanos de los infantes, el legislador Pablo Escudero comentó que esto representa un logro para “detener el registro arbitrario y masivo de los menores de edad en las escuelas, sin el consentimiento de los padres”.

En entrevista por separado, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Jesús Navarrete Prida (PRI), insistió en que antes de que el Gobierno federal ponga en marcha la Cédula de Identidad para menores, el Congreso de la Unión debe emitir un marco normativo que brinde certeza jurídica los mexicanos del uso de los datos personales.

Navarrete Prida se pronunció en contra de que el Gobierno federal emita este documento oficial, sin establecerlas medidas de seguridad suficientes; por ello, refirió que los legisladores trabajaran y analizaran las bases jurídicas que se habrán de seguir.

En tanto, el legislador consideró que las acciones de la Secretaria de Gobernación “son imprudentes”, ya que antes de llevar a cabo la emisión de la Cédula de Identidad se necesita contar con presupuesto y con un marco regulatorio.

Por ello, advirtió que si el gobierno insiste en expedir este documento, promoverán una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), toda vez que han existido recomendaciones de la CNDH para tomar medidas precautorias de la puesta en vigor de la Cédula de Identidad.

“Si el Ejecutivo insiste en llevar a cabo este proyecto, obligaría a las Cámaras a valorar una controversia constitucional ante la SCJN; no es conveniente llegar ello, se debe alcanzar un diálogo”, dijo.

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