Palacio Legislativo 18-02-2011 (Notilegis).- El presidente de la Comisión Jurisdiccional, César Augusto Santiago Ramírez (PRI), señaló que para impedir que la publicidad institucional se utilice con fines políticos y pueda tener un mayor control, es necesario expedir la Ley Federal de Propaganda Gubernamental, donde se obligue a transparentar el uso de fondos públicos para esta materia.

Refirió que los recursos programados para realizar propaganda institucional no deben utilizarse para crear una imagen positiva del partido en el gobierno, o bien, generar una impresión negativa de una persona o entidad de oposición.

Por ello, consideró que se debe crear un marco jurídico que prohíba la publicidad que promueva los intereses de las entidades públicas o de algún partido político, así como destacar los logros de la gestión gubernamental.

Santiago Ramírez insistió en que la publicidad institucional debe ser un bien útil para la ciudadanía y un canal de comunicación entre el Estado y la población, por lo que debe caracterizarse por ser clara, objetiva, fácil de entender, necesaria, útil y relevante para la sociedad.

“Esta herramienta propagandística debe manejarse para la difusión de campañas de orientación cívica, de salud, educación y seguridad pública, para explicar sobre los avances legislativos que amplíen los derechos fundamentales o impongan obligaciones a los gobernados”, dijo.

Abundó que la propaganda institucional tiene que promover el ejercicio de los derechos constitucionales y el cumplimiento de los deberes de los ciudadanos, así como para transmitir información relativa a estados de emergencia ocasionados por desastres naturales, incidir en el comportamiento social y estimular la participación de la sociedad civil en la vida pública.

En ese sentido, informó que la iniciativa que promueve establecer la prohibición expresa de la difusión de cualquier tipo de propaganda oficial desde el inicio de las campañas hasta la conclusión de la jornada electoral.

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