Palacio Legislativo 22-02-2011 (Notilegis).- Con 410 votos a favor, cero en contra y 3 abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó reformar el artículo 25 de la Ley General de Educación, para que el presupuesto destinado a ese sector no pueda ser menor, en términos reales, al asignado en el ejercicio fiscal anterior.

Ello, con el objetivo de elevar la calidad educativa en México y garantizar un desarrollo progresivo en la formación de los niños y jóvenes.

En el dictamen se establece que el entorno general de la educación enfrenta graves problemas, principalmente en la calidad del aprendizaje del estudiante, toda vez que el promedio de escolaridad de la población es inferior al de secundaria terminada, lo que constituye un grave problema para lograr el potencial desarrollo nacional.

En la reforma se advierte que el gasto público en educación, como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB), se encuentra casi 50 por ciento por debajo de lo establecido en la Ley General de Educación, la cual precisa que no puede ser menor al 8 por ciento.

Sin embargo, en el 2006 fue de 3.44 por ciento; en 2007, de 3.48; en 2008, de 3.56; y en 2010, de 3.80 por ciento. “Como se aprecia, durante los últimos cinco años, el gasto educativo no ha mostrado un crecimiento significativo: presenta casi nulo crecimiento”, se sostiene.

Más aún, refiere que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos OCDE) señala que en México, el 93.6 por ciento del gasto nacional en educación se aplica a salarios, por lo que sólo se destina el 6.4 por ciento al gasto de capital para el mejoramiento de infraestructura.

Pese a lo anterior, se precisa que en el presupuesto asignado a la Secretaría de Educación Pública en el 2010, que ascendió a 196 mil 415 millones 595 mil 798 pesos, se registró un decremento de 4 mil 514 millones 961 mil 867 pesos, “es decir, 2.25 por ciento, respecto al de 2009”.

Lo anterior, se argumenta, exige reformar la Ley General de Educación para establecer como una obligación del Estado mexicano no reducir, de un ejercicio fiscal a otro, el presupuesto destinado a la Educación Pública y Servicios Educativos.

Así, se establecerá como una tarea permanente de la Cámara de Diputados, particularmente en las discusiones para la etiquetación de programas y líneas de acción en materia de modernización, el incremento en los recursos para este rubro.

Refiere que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha señalado que los países deben destinar un mínimo de 8 por ciento de su PIB a la educación, con objeto de asegurar plenamente la cobertura educativa a todos los ciudadanos, erradicar el analfabetismo y desarrollar programas que fomenten la formación de capital humano.

Además, continúa, hay necesidad de recursos económicos para el mejoramiento de la infraestructura educativa, los salarios de los docentes, los programas de capacitación y actualización para éstos, así como para los apoyos de los niños y de los jóvenes que presentan amplias desventajas socioeconómicas.

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