Palacio Legislativo 30-03-2011 (Notilegis).- La diputada Laura Itzel Castillo Juárez (PT), solicitó a la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) ejercer un control más estricto en el otorgamiento de permisos de construcción a terceros, ya que las zonas de riesgo y la mala calidad de las viviendas ponen en peligro la vida de los moradores.

La legisladora consideró que las entidades federativas y municipales no deben otorgar los permisos a las compañías constructoras o inmobiliarias, si no existen las condiciones adecuadas para edificar, “porque representan actos irresponsables y ofrecer servicios con un bajo nivel de seguridad a la población”.

Castillo Juárez comentó que son constantes las denuncias de los derechohabientes del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda (Infonavit), toda vez que la entrega de casas se les condiciona dentro de las cláusulas en la escritura, a fin de que autoricen la venta de sus créditos a entidades financieras privadas.

“Esto nos hace creer que el derecho a la vivienda contemplado en la Constitución, se ha reducido a una mercancía en México”, dijo.
Por ello, denunció el fracaso de la política nacional de vivienda y el contubernio de las autoridades involucradas, para hacer negocios privados con recursos públicos.

La legisladora sostuvo que existe una política fallida del Gobierno federal en materia de vivienda; por ello, consideró importante que las autoridades correspondientes ofrezcan de manera precisa la información sobre el número de viviendas que se registran desocupadas, abandonadas o bien en zonas de alto riesgo.

En conferencia de prensa, la diputada comentó que según datos del Censo 2010, existen cerca de 5 millones de viviendas abandonadas; sin embargo, dijo que se debe realizar un análisis más amplio, a fin de saber con mayor precisión el número de afectados y los riesgos que corre la población que permanece en zonas de alto riesgo.

Asimismo, la diputada puntualizó que en el informe de la Cuenta Publica 2009 que presentó la Auditoría Superior de la Federación se menciona que la Sociedad Hipotecaria Federal no supervisó, como lo ordena la norma para el otorgamiento de créditos, ni la actuación de las Sofoles en la entrega de créditos.

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