Palacio Legislativo 06-06-2011 (Notilegis).- El diputado del GPPAN, Agustín Castilla Marroquín, urgió a las comisiones legislativas a dictaminar las reformas en materia electoral que tienen congeladas la minuta del Senado de la República y más de 90 iniciativas de la Cámara de Diputados.

Entre los temas pendientes por aprobar están la Ley Reglamentaria del artículo 134 sobre la promoción personalizada de servidores públicos, la reducción de la llamada spotización, modificaciones de carácter operativo consistente para el recuento de votos y aquellas que buscan subsanar el vacío legislativo ante la falta de sanciones para los servidores públicos que infrinjan la ley.

“Es urgente que la autoridad investigadora cuente con más y mejores herramientas jurídicas para hacer frente a las conductas ilegales que pretendan inhibir como direccionar o comprar el voto, comercializar el padrón electoral o que se infiltren recursos del crimen organizado, que podría tratar de imponer candidatos”.

El diputado recordó que a pesar de que el Instituto Federal Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, declararon violaciones constitucionales, no se ha podido castigar a los responsables por la falta de sanciones.

Agregó que en la primera semana de julio se cumple el plazo para que se aprueben las reformas que tienen un impacto directo con la organización de las elecciones, como el caso de la reforma política, que contempla darle más participación de los ciudadanos con las candidaturas independientes, y de no aprobase antes de la fecha señalada, no entrarán en función para los próximos comicios.

Castilla Marroquín llamó a revisar el proceso de designación de los consejeros electorales a fin de tener los mejores perfiles y consejeros independientes, para fortalecer el Instituto Federal Electoral y evitar poner en riesgo la legitimidad de la elección presidencial.

“Estanos ante la última oportunidad de establecer mejores condiciones para la contienda del próximo año. Debemos actuar con altura de miras, sin intereses particulares ni posturas cortoplacistas”.

IPC