Palacio Legislativo 08-06-2011 (Notilegis).- El catedrático de la Universidad Iberoamericana, Alberto Montoya Martín del Campo, consideró que la minuta a la Ley de Seguridad Nacional que envió el Senado de la República no debe ser aprobada en sus términos, al señalar que debe darse mayor fuerza a los cuerpos de seguridad ante amenazas externas y no dejar que el Ejército haga tareas que están fuera de sus atribuciones del marco constitucional.

Durante su intervención en el segundo día de audiencias públicas, organizadas por la Comisión de Gobernación de la Cámara de Dipútados, Montoya Martin del Campo dijo que hay errores y regresiones graves respecto a la libertad de expresión y las facultades que se le pretende dar al Ejército, ya que busca establecer como una de sus funciones la investigación y persecución de delitos, siendo que esa labor es del Poder Judicial. “El Ejército no es policía y no debe ser confinado a esa tarea, la Constitución no lo establece así”.

El especialista en política social comentó que es fundamental fortalecer a las Fuerzas Armadas ante amenazas externas, en lugar de pretender que el Ejército se vuelque hacia el control de la sociedad y bajo la guía de un criterio de seguridad interior donde se ha excluido el concepto de seguridad pública.

Agregó que la minuta queda corta para resolver de fondo la creciente violencia resultado de la guerra contra el crimen organizado, ya que sólo lo considera como un problema de orden político dejando fuera el tema de salarios, empleos, economía y políticas públicas; por ello -dijo-, no debe aprobarse ninguna ley que busque legitimar acciones inconstitucionales como las que se han llevado a cabo en los últimos años por parte del Gobierno federal.

La estrategia que se ha implementado ha debilitado a las Fuerzas Armadas y las ha llevado a solicitar ayuda de Estados Unidos para enfrentar a estos grupos criminales. “La estrategia del Gobierno federal para enfrentar a esta economía criminal, mediante las acciones de la fuerza armada permanente, en si misma se ha convertido en una amenaza a la seguridad nacional y a la soberanía”.

En tanto, legisladoras del PRD y PVEM consideraron que la minuta debe definir de mejor manera la tarea de la policía federal y la de las Fuerzas Armadas, de manera que se le pueda quitar el corte militar a la política que combate a la delincuencia organizada para preservar la seguridad interior.

La diputada Teresa del Carmen Incháustegui Romero, del grupo parlamentario del PRD, secretaria de la Comisión de Seguridad Pública e integrante de la Comisión de Gobernación, manifestó que a falta de una política agraria que apoye más a los productores, el país enfrenta un problema mayor, ya que éstos reciben ofertas de narcotraficantes para adueñarse de sus tierras.

“Vemos que son más los productores que se ven esclavizados por el crimen organizado, y esto lo debemos de resolver mediante políticas de seguridad interior que ayude a enfrentar este problema”, expresó.

Asimismo, la diputada Lorena Corona Valdés, del grupo parlamentario del PVEM, dijo que la minuta de la Ley de Seguridad Nacional no puede ser aprobada en los términos en la que la envió el Senado, ya que se debe analizar con amplitud la participación de las Fuerzas Armadas y garantizar el respeto de los derechos humanos en la lucha contra el crimen organizado.

La legisladora coincidió con el académico y especialista, en que la Cámara de Diputados deberá realizar las modificaciones necesarias que permitan tener certeza que este nuevo marco jurídico tendrá controles de las Fuerzas Armadas y contendrá una perspectiva que permita mejorar las condiciones en las que viven los mexicanos.

Al hacer uso de la palabra, la diputada del grupo parlamentario del PAN, Adriana Fuentes Cortés, aseguró que la presencia del Ejército en las calles es producto de la incapacidad de las policías municipales para enfrentar el crimen organizado, lo que no vulnera la seguridad nacional y tampoco debilita a las Fuerzas Armadas.

Posteriormente, Marco Antonio López Valdez, del Instituto Nacional de Ciencias Penales, dijo que este marco debe modernizarse y establecer con claridad que “la seguridad nacional, más que un concepto militar, es un concepto político, lo cual debe incluir diversos temas de la agenda nacional, económicos, sociales y militares”.

En ese sentido, dijo que la propuesta de reforma que envió el Senado de la República no obedece a una adecuada normalización de lo que se entiende por seguridad nacional, por lo que se debe analizar y modificar a fin de alcanzar los objetivos por la cual fue creada.

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