Palacio Legislativo 08-06-2011 (Notilegis).- Durante las audiencias públicas organizadas por las Comisiones de Gobernación y Derechos Humanos para analizar la Ley de Seguridad Nacional, el general brigadier del Ejército Mexicano en retiro, José Francisco Gallardo, recomendó a legisladores que la integración del dictamen de la Ley de Seguridad Nacional debe ir encaminado a desmilitarizar los sistemas de justicia y seguridad, y establecer que las Fuerzas Armadas sólo pueden intervenir en situaciones que amenacen la seguridad nacional.

“Que el Ejército no se involucre en asuntos de orden interno ni de carácter político para dirimir distintos asuntos, ahora hasta con asuntos electorales. Que no participe para inhibir la protesta social, para perseguir a los estudiantes, campesinos o a cualquier disidente del gobierno”.

El militar en retiro aseguró que actualmente el país no cuenta con un Ejército para que cumpla con su mandato constitucional en la defensa de la integridad y soberanía nacional, además su activa participación en asuntos que no son de su competencia trastoca el orden jurídico y institucional del Estado.

En su intervención, consideró que los órganos de inteligencia en México sirven como mecanismos de espionaje político o al enemigo interno; además no cuentan con los estándares internacionales.

Durante su participación, el especialista en seguridad pública, Edmundo Salas Garza, señaló que en la minuta existen controversias que deben ser aclaradas para no caer en interpretaciones, ya que se busca establecer la seguridad interior como parte de la seguridad nacional, lo que obligaría a modificar la Constitución.

Criticó la falta de claridad y ambigüedades en el documento enviado por el Senado, al tiempo que indicó que de aprobar la minuta en sus términos actuales llevaría a una centralización del poder de las Fuerzas Armadas en el Poder Ejecutivo, y los otros dos poderes serían únicamente para ayudarle cuando haya amenazas.

“Estamos regresando a una vieja tradición del concepto de seguridad nacional, ya que la militarización de enormes campos de la seguridad pública se da por decreto. De aprobarla, la autoridad militar tendrá la capacidad de intervenir en todos los casos en donde se dificulte o se obstaculice la prestación de cualquier servicio público”.

IPC