Palacio Legislativo 21-06-2011 (Notilegis).- Al participar en el foro “Democracia, Seguridad Nacional y Derechos Humanos”, el jurista Sergio García Ramírez, afirmó que la población no quiere una reforma que brinde seguridad a costa de democracia o de derechos humanos.

“Les pido que antes de aprobar lo que consideren pertinente, sometan a profunda revisión las propuestas que tienen sobre la mesa para adoptar las decisiones más convenientes para el futuro de la nación. Tenemos graves pendientes en el tema de seguridad nacional, en el Código Penal Federal de Procedimientos Penales, y en el de Justicia Militar, solo por mencionar algunos”.

En el foro convocado por las Comisiones de Gobernación y de Derechos Humanos, que analizan la minuta de Ley de Seguridad Nacional, García Ramírez enfatizó que la población no quiere una reforma que brinde seguridad a costa de democracia o de derechos humanos. “Nos preocupa la práctica de torturas y tratos crueles en el curso de investigaciones, las desapariciones forzadas, los arraigos, cateos y visitas domiciliaras ilegales, el uso de cuarteles como centros de detención de indiciados, los abusos en perjuicio de migrantes”.

En tanto, el ex presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Emilio Álvarez Icaza, se pronunció por ampliar la discusión de la Ley de Seguridad Nacional en el tema de la política de Estado, tomando como base las reformas de derechos humanos, de justicia y en materia de amparo.

“No tenemos una política de Estado, ese es el problema sustantivo. Una dinámica con más de 40 mil muertos y un número indefinido de desaparecidos, me parece que tenemos que ubicar con visión de Estado esta discusión, sentarnos a discutir sólo una Ley de Seguridad Nacional es muy peligroso en términos de resolver el tema de inseguridad”.

“Toda modificación debe suponer una armonía con la reforma constitucional de derechos humanos, la reforma en materia de justicia y la de amparo”.

El investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), John Ackerman, comentó que la minuta que envió el Senado de la República de la Ley de Seguridad Nacional “es anticonstitucional, toda vez que más que un Ley es una interpretación jurídica respecto a la utilización de las Fuerzas Armadas”.

Por ello, consideró que la Cámara de Diputados debe abordar esos “matices” para dejar claro las tareas de las Fuerzas Armadas para atender la seguridad interna y externa del país, ya que no se pueden legalizar las acciones del Ejército para combatir el crimen organizado. “Se deben buscar caminos claros y precisos para logra la retirada de las fuerzas militares para actividades públicas”, subrayó.

En su participación, Santiago Corcuera, de la Universidad Iberoamericana, coincidió que las Fuerzas Armadas no deben desempeñar tareas de seguridad pública, por lo que la Ley de Seguridad Nacional debe ser analizada y modificada por la Cámara de Diputados.

“La seguridad interior y seguridad pública no es lo mismo, debe existir esta diferencia en la Ley para reconocer cuál es el desempeño de los elementos policiacos y el de las Fuerzas Armadas, además de garantizar que no existirá violación a los derechos humanos durante el combate contra el crimen organizado”, dijo el especialista.

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