Palacio Legislativo 22-06-2011 (Notilegis).- El diputado Gerardo Sánchez García, del grupo parlamentario del PRI, denunció que la gente del campo es amenazada e intimidada por el crimen organizado, e incluso les exige cuotas de piso, lo que pone en riesgo su producción.

“Es lamentable que además de todos los asechos de la falta de oportunidades, también nos veamos amenazados por el crimen organizado, porque no sólo es que no dejen sembrar, sino que tengan que pedir cuotas”, afirmó.

En conferencia de prensa, el legislador priista y líder la Confederación Nacional Campesina (CNC), consideró como un fracaso de las políticas públicas al campo en los últimos 10 años, en cuyas administraciones se ha incrementado la migración, pobreza y desesperación de los campesinos en el sector rural.

Expuso que se deben emprender políticas públicas que ayuden a proteger más a los productores y a los trabajadores del campo de la ola de violencia que prevalece.

El legislador comentó que el desempleo, la migración, la desunión familiar y otros factores son los que provocan que se incremente el índice de violencia, por lo que consideró que el Gobierno federal debe generar mayores oportunidades para revertir los efectos violentos que se viven en todo el país.

Sánchez García enfatizó que la respuesta del Gobierno ante la crisis alimentaria, económica y climática ha sido restringir el financiamiento y retrasar la aplicación de recursos; por ello, insistió que “no hay una adecuada política de respaldo a la producción y fomento al comercio a precios justos ni de reconversión productiva, con una visión estratégica; el sector está en total abandono y rezago”.

Aseguró que el grupo parlamentario del PRI está convencido de que la soberanía alimentaria debe ser un objetivo fundamental del Estado; por ello, se debe impulsar un nuevo modelo de desarrollo para el campo, que incluya el respaldo a cada uno de los participantes en las cadenas productivas.

Uno de los problemas recientes para el sector agrario –aseguró-, es la sequia que ha afectado a 22 estados de la República y que no ha sido atendida por las instituciones gubernamentales para no afectar la soberanía alimentaria.

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