Palacio Legislativo 30-06-2011 (Notilegis).- Durante la reunión con diputados de la Comisión del Distrito Federal, el secretario de Gobierno de la capital, José Ángel Ávila Pérez, dijo que sería “oportuno e ideal” que la Cámara de Diputados pospusiera la discusión de la Ley del Sistema de Seguridad Pública para la Ciudad de México que envió el Ejecutivo federal, en tanto se resuelva en definitiva la condición jurídica y política de la capital”, consideró.

Explicó que el contenido de dicha Ley está pensado para lograr la integración de un sistema de coordinación de autoridades estatales con los policías municipales, pero en el Distrito Federal se tiene un sistema de seguridad pública unitario.

Lo anterior, explicó, porque en la Ciudad de México hay una jurisdicción única porque no hay un régimen municipal, y por tanto la policía de la capital, tanto la preventiva como las complementarias, tienen cobertura única sobre la ciudad.

“Seamos claros y si tenemos consenso en que el tema de la seguridad pública es facultad de la Asamblea local, no avancemos en una ley que lo que hace es dar pasos atrás respecto a la condición que hoy tenemos”, dijo.

Al respecto, la presidenta de la Comisión del Distrito Federal, Gabriela Cuevas Barron, del grupo parlamentario del PAN, consideró “ilegal” la propuesta del secretario de Gobierno del Distrito Federal, José Ángel Ávila Pérez.

“El nuevo reglamento establece tiempos para que ya no exista esa famosa congeladora; lo que el secretario vino a pedir aquí, en el sentido de que la pusiéramos en la congeladora sería ilegal, ya en la Cámara de Diputados, aquí ya no se pueden congelar iniciativas”, dijo.

En entrevista, la legisladora confió en que la instancia legislativa que preside tenga avances significativos en el tema de la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Distrito Federal, con el fin de votarlos en el próximo periodo de sesiones porque los capitalinos deben tener una nueva ley que garantice su seguridad.

“La gente no puede seguir esperando una Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Distrito Federal entonces importante en todas las leyes. Lo ideal es avanzar en todas las iniciativas y hacer un trabajo en equipo entre el Gobierno del Distrito Federal, la Asamblea Legislativa y los distintos grupos parlamentarios en el Congreso de la Unión”, señaló.

En su participación, la subsecretaria del Sistema Penitenciario, Celina Oseguera Parra, dijo que tras las denuncia de prostitución presentada por una interna del reclusorio de Santa Martha Acatitla, un elemento de seguridad y custodia fue dado de baja por pretender prostituirla y acosarla.

Dijo que se retractaron dos de las tres internas que se quejaron ante la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal por supuestos casos de prostitución por personal del penal, por lo que ahora le corresponde a la Procuraduría capitalina determinar si constituye delito.

Resaltó que se sigue investigando de prostitución, al tiempo que reiteró la disposición de las autoridades del sistema penitenciario para que se investigue y se ejerza acción penal a los responsables.

La diputada del grupo parlamentario del PAN, la diputada Silvia Esther Pérez Ceballos, cuestionó a la funcionaria local sobre las posibles redes de prostitución que hay en los penales, ya que -dijo- sí hay pruebas de que empleados judiciales de áreas administrativas mandaban llamar de manera irregular a las internas para prostituirse con los internos mediante falsificación de documentos para sus traslados.

“Se habían ubicado al menos 14 casos de embarazos de internas de Santa Martha, de las cuales nueve se embarazaron sin tener autorizada visitas íntimas, lo que corroboraba la existencia de encuentros sexuales clandestinos e inclusive que las internas fueron obligadas a prostituirse”.

El diputado Emilio Serrano Jiménez, del grupo parlamentario del PRD, dijo que no solaparán actos de prostitución al interior de los centros de readaptación. “Ni las autoridades del gobierno capitalino ni nosotros vamos a solapar ninguna violación a la ley, pero para decir que es un tema de trata de personas debe haber algún caso registrado”.

ASC / IPC