Palacio Legislativo 04-07-2011 (Notilegis).- Diputados de la Comisión de Economía cuestionaron al titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Bernardo Altamirano Rodríguez, sobre las acciones para sancionar los actos de corrupción en diversas gasolinerías por la venta de litros incompletos del combustible.

El diputado Guillermo Ruíz de Teresa, del grupo parlamentario del PRI, cuestionó al funcionario federal sobre las irregularidades en la administración de la ex subprocuradora de Verificación de la dependencia, Gladis López Blanco, ya que de acuerdo con registros del Gobierno federal, la Profeco tiene detectadas 5 mil gasolineras con irregularidades en la venta incompleta de combustible y sólo existen 580 multas a estos establecimientos.

En tanto, la secretaria de la Comisión, Norma Sánchez Romero, del grupo parlamentario del PAN, cuestionó al titular de la Profeco sobre la efectividad de la Norma Oficial Mexicana; si es que garantiza un óptimo servicio a los usuarios y la compra de gasolina. Además de los mecanismos para que su aplicación tenga resultados favorables a los consumidores.

Al responder, el funcionario federal, Altamirano Rodríguez, aseguró que tras las denuncias respecto a la subprocurador de Verificación, la Profeco tomó una serie de controles para quienes ingresen en estas áreas y hasta el momento, hay seis personas con sentencia condenatoria sobre supuestos actos de corrupción en la verificación de gasolineras.

“Reitero que estamos dispuestos a ir al fondo y por supuesto tampoco aceptaríamos inferir que de un caso específico que se ha encontrado un problema que ha sido atendido, que haya otros”.

Para la implementar de mecanismos que den mayor transparencia y certidumbre a los consumidores, se puso en marcha un convenio de colaboración con organizaciones ciudadanas y organizaciones de expertos en el tema.

Aseguró que se trabaja en medidas y mecanismos para mayores controles que eviten que haya discrecionalidad. “Se está avanzando en la solución del problema y con la nueva norma se busca evitar que haya robo de combustibles a los consumidores”.

IPC