Palacio Legislativo 08-07-2011 (Notilegis).- El vicecoordinador jurídico del grupo parlamentario del PRI, Arturo Zamora Jiménez, condenó la ejecución del mexicano Humberto Leal en Texas, y enfatizó que nuestro gobierno debe ejercer presión para que los expedientes de otros 51 connacionales sentenciados a la pena capital sean revisados a fondo, como lo recomendó la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, y se les pueda salvar la vida.

Indicó que el caso del mexicano ejecutado debe marcar un precedente para que la Secretaría de Relaciones Exteriores y sus organismos consulares argumenten en tiempo y forma a favor de la vida de los mexicanos.

“Este momento es una gran oportunidad para la SRE plantee la argumentación necesaria que permita en un momento dado que se puedan modificar las sentencias que hayan emitido los jurados correspondientes en los casos de 51 mexicanos condenados. Es un infortunio que la Secretaría y el servicio consular mexicano hayan estado tardíamente en el caso del mexicano que acaban de ejecutar”.

En entrevista, el legislador priísta señaló que nuestro país cuenta con nuevas atribuciones de argumentación a favor de la vida, con la promulgación de la reforma constitucional en materia de derechos humanos que la Cámara de Diputados aprobó en diciembre de 2010.

“El Gobierno mexicano, a propósito de la reforma constitucional, ahora tiene nuevos argumentos. Nuestra normatividad se amplió de manera exponencial por lo que en todos estos casos donde la Corte de la Haya recomienda la revisión de todos los ex´pedientes, el Ejecutivo debe hacer valer su voz”.

Apuntó que la bancada del PRI no comparte la pena de muerte, ya que “la violencia no pueda evitar violencia, la pena de muerte no elimina el delito”.

Zamora Jiménez señaló que México acaba de refrendar en el artículo primero constitucional el derecho a la vida, donde eleva a la misma categoría de la propia Constitución los tratados constitucionales.

Precisó que el Pacto de San José, firmado por nuestro país y decenas de naciones, establece que se tiene expresamente prohibido la posibilidad de volver a implementar la pena de muerte en los países donde se ha eliminado; no obstante, dijo, en el caso de Estados Unidos firman tratados con reservas para poder seguir con la pena capital.

Por último, el diputado del PRI indicó que en el índice de las sentencias condenatorias en ese sentido, se puede apreciar una carga discriminatoria, que amenaza a las comunidades latinas en Estados Unidos.

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