Palacio Legislativo 21-07-2011 (Notilegis).- La presidenta de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Esthela Damián Peralta, del grupo Parlamentario del PRD, informó que la ASF detectó irregularidades en los reportes del 2006 al 2009 en el ISSSTE, como son préstamos a trabajadores y pensionados que rebasaron los montos máximos establecidos en la ley, incumplimiento de contratos y pagos excesivos en la compra de medicamentos.

También se han detectado desconocimiento del número y valor de los inmuebles de su propiedad e invasión de predios, sin que se hayan realizado acciones legales para su recuperación y regularización.

Damián Peralta dijo que se otorgaron 57 mil 93 préstamos a trabajadores y pensionados, por un total de 299.5 millones de pesos, que rebasaron los montos máximos establecidos en la Ley del ISSSTE.

En cuanto a la auditoría especial a la regulación y supervisión de Estancias para el Bienestar y Desarrollo Infantil (EBDI), el ISSSTE no identificó los riesgos en cuanto a procurar en todo momento la integridad de los menores. “En los contratos signados con particulares no se estableció la obligación de cumplir con las normas de protección civil federal, estatal y municipal”.

En la contratación para la administración y distribución de medicamentos, abundó Damián Peralta, la ASF detectó que no se recibieron 109 mil 81 piezas, aún cuando la Subdirección de Almacenes cuenta con las remisiones selladas y firmadas por la jefa de la farmacia. También se determinó un pago en exceso por 51.3 miles de pesos sin recibir 12 mil 884 piezas, incumpliendo así la cláusula del contrato de contar diariamente las existencias de medicamentos.

La legisladora federal aseveró que la ASF encontró que el instituto desconoce el número y valor de los inmuebles de su propiedad, además de que no cuenta con registros históricos, ni tampoco de un inventario oficial. Al respecto, precisó que el saldo por 3 mil 376.4 millones de pesos, registrado en el rubro de “Bienes Inmuebles”, no refleja los predios propiedad del ISSSTE, lo que ha propiciado la invasión de 255 inmuebles, sin que se realicen acciones legales para su recuperación y regularización.

Refirió que en el 2008 al instituto se le practicó una auditoría de desempeño a las actividades institucionales relacionadas con la prestación de servicios de salud a la persona, registrando un déficit de operación de 9 mil 925 millones de pesos en su Fondo Médico. De seguir esta tendencia, la ASF calcula que para 2012 el déficit ascenderá a 14 mil 159.9 millones de pesos.

En la Cuenta Pública 2007, la ASF observó que las cifras de los juicios laborales y de pensiones no son confiables, y que existen deficiencias en los registros que llevan las 36 unidades jurídicas.

En materia de pensiones, el ISSSTE informó que al 1 de enero de 2007 tenía en trámite 13 mil 762 juicios fiscales, mientras que en el rubro de préstamos a derechohabientes, se detectaron deficiencias de control interno en el resguardo y custodia de los expedientes que contienen los pagarés que suscriben los beneficiarios de los préstamos.

Para 12 mil 649 créditos otorgados de 1980 a 1996, por un monto de 248.4 millones de pesos, existe el riesgo de que prescriba el derecho de cobro; y en 11 mil 134 préstamos que fueron otorgados en 2006 y 2007, por 169.2 millones de pesos, no se calcularon los intereses moratorios correspondientes, por lo que no se reflejan en la cuenta contable correspondiente.

Respecto a la Cuenta Pública 2006, el instituto, de acuerdo con la ley del ISSSTE vigente en ese año, otorgó servicios médicos, prestaciones económicas, sociales y culturales, productos básicos y medicamentos en tiendas y farmacias, así como servicios turísticos a los 10.8 millones de derechohabientes. Sin embargo, para los servicios médicos, el instituto sólo cuenta con los registros sobre el otorgamiento de los mismos a 8.3 millones de personas.

Finalmente, indicó que el ISSSTE se encuentra en una situación de insolvencia financiera como consecuencia del incremento de los costos de los servicios que brinda a los trabajadores, pensionistas y sus familiares derechohabientes; y de que las cuotas y aportaciones que pagan los trabajadores y entidades afiliadas no se han incrementado en la misma proporción.

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