Palacio Legislativo 25-02-2012 (Notilegis).- La presidenta de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, Yolanda de la Torre Valdés (PRI), indicó que ante la falta de respeto a los derechos de los adultos mayores para acceder a servicios financieros o adquirir un seguro de vida, es necesario fortalecer las sanciones en la ley para quien discrimine a las personas de 60 años o más, así como fomentar una cultura de respeto.

“Se requiere seguir trabajando para avanzar en una cultura de la no discriminación, generar ciudades, poblados y comunidades más humanas. Que nadie se vea menoscabado en sus derechos, las campañas de sensibilización y concientización deben avanzar. Hay que buscar los mecanismos y el andamiaje jurídico para sancionar los casos en concreto, incuso por la vía penal”, señaló.

En entrevista, la diputada federal comentó que ante el envejecimiento de la población se deben tomar medidas que respondan a las necesidades de atención, empleo, salud, infraestructura y transporte principalmente, toda vez que para el año 2050 se calcula que en el país 4 de cada 10 personas tendrán 60 años o más.

Indicó que de acuerdo a la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México (Enadis 2010), las personas adultas mayores son consideradas el cuarto grupo de población vulnerable a la discriminación. La distribución de la población adulta mayor por sexo es de 53.42 por ciento conformada por mujeres y 46.58 por ciento por hombres.

Afirmó que a pesar de que en la Constitución se encuentran establecidos todos los derechos para los adultos mayores, México es un país altamente discriminador. Cuando se trata de créditos es “evidente” como los sacan de los parámetros de éstos, ya que cualquier préstamo establece seguros, a los cuales están relegados aun cuando la esperanza de vida ha ido en aumento.

La legisladora por Durango sostuvo que la contratación de seguros privados y todo tipo de créditos tienen un costo más elevado en relación a la edad, ello deja ver “claramente que existe un factor de discriminación” de las empresas y si por alguna razón se discrimina para acceso al derecho de obtener un préstamo, están violentado la Constitución.

“La ley es general, abstracta e impersonal, ninguna ley dice si tiene más de 60, 50 o 30 años no le des crédito, son autorregulaciones que tienen las propias compañías. Es un tema en el que tenemos que seguir avanzando, por ello el legislador debe estar permanentemente atento a qué es lo que pasa en la realidad social, y en la realidad jurídica”, dijo.

Aseguró que la problemática es que no se pueden hacer efectivos los derechos, porque “somos un país altamente discriminador” con los adultos mayores, con personas que tiene preferencias sexuales diferentes, discapacidad y de religión.

IPC..