Palacio Legislativo 07-03-2012 (Notilegis).- El secretario de la Función Pública, Rafael Morgan Ríos señaló que en lo que va del sexenio del Presidente Calderón, se han interpuesto 400 denuncias penales contra servidores públicos y particulares involucrados en actos de corrupción, lo que representa 88 denuncias más que en 23 años anteriores.

“En las 400 denuncias formuladas por la Secretaría de la Función Pública, se han visto involucrados mil 884 servidores públicos y 888 particulares, acto que no tiene precedente”, dijo.

Durante su comparecencia ante el Pleno de la Cámara de Diputados, el funcionario federal detalló que se han impuesto inhabilitaciones y destituciones a 7 mil 559 servidores públicos, de los cuales 600 son de alto nivel, y se ha sancionado económicamente a 3 mil 629 servidores, por daño patrimonial causado a diversas instituciones federales.

De igual manera, comentó que se han impuesto mil 802 sanciones administrativas a empresas que cometieron actos irregulares y con esto, fomentaron actos de corrupción, dañando la economía del país.

Morgan Ríos explicó que en la lucha contra la impunidad, el 91 por ciento de las resoluciones de la dependencia quedan firmes, por lo que mantienen fuerza jurídica que deriva en sanciones.

El funcionario federal subrayó que un principio rector de la Secretaría de la Función Pública, en el combate a la corrupción, ha sido el eje, “cero impunidad en el gobierno”.

Destacó que la dependencia a su cargo ha tenido un aliado estratégico en la Auditoría Superior de la Federación, quien a lo largo del sexenio, ha revisado a cabalidad los distintos procesos y estructuras claves para la gestión pública.

“La mayoría de las auditorías más importantes de este órgano fiscalizador, coinciden con auditorías e investigaciones que la Secretaría de la Función Pública ya realizaba. Por eso es tan relevante nuestra colaboración”, dijo.

Finalmente, Rafael Morgan Ríos, señaló que la SFP ha simplificado la normatividad de su gestión, logrando eliminar 16 mil 261 normas y 2 mil 257 trámites que entorpecían la interacción con el gobierno.

AMR