Palacio Legislativo 13-03-2012 (Notilegis).- El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó por 335 votos a favor, 13 en contra y 4 abstenciones, el dictamen que expide la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, que establece sanciones a las conductas de corrupción que se presentan en los procedimientos de contratación pública federal, incluidos los actos y procedimientos a concurso, convocatoria o licitación.

Las sanciones a imponerse a los infractores de la Ley consistirían en multa equivalente a la cantidad de mil a cincuenta mil veces el salario mínimo diario general vigente para el Distrito Federal, e inhabilitación para participar en contrataciones públicas de carácter federal por un periodo que no será menor de tres meses ni mayor de ocho años para el caso de personas físicas.

Por su parte, para las personas morales se señala una multa equivalente a la cantidad de diez mil hasta dos millones de veces el salario mínimo diario general vigente para el Distrito Federal, e inhabilitación para participar en contrataciones públicas de carácter federal por un periodo que no será menor de tres meses ni mayor de diez años.

Se establece que la Secretaría de la Función Pública sería en el ámbito de la Administración Pública Federal y en las contrataciones públicas que realicen las entidades federativas y municipios con cargo total o parcial a recursos públicos federales, la autoridad facultada para investigar y, en su caso, sancionar a los particulares que incurran en las infracciones que establece la Ley propuesta.

Con el objeto de fomentar la formulación de denuncias y combatir la impunidad en este tipo de prácticas de corrupción, se prevén mecanismos de reducción de sanciones a las personas que confiesen su responsabilidad y cooperen en forma plena y continua con la autoridad competente que lleve a cabo la investigación y, que en su caso, substancie el procedimiento administrativo respectivo.

El dictamen señala que en las contrataciones públicas de carácter federal existe un importante ejercicio de recursos públicos, por lo que debe asegurarse que dichos procedimientos se encuentren en todo momento apegados a la legalidad y de que en los mismos se obtengan las mejores condiciones para el Estado, por lo que en las determinaciones de quien debe ser proveedor para el gobierno no deben influir factores externos que comprometan la imparcialidad de los servidores públicos involucrados.

Subraya que la aprobación de la minuta vendría a llenar una laguna en el marco jurídico en virtud del cual actualmente no se puede sancionar desde el punto de vista administrativo a los particulares que cometan actos de corrupción en las contrataciones públicas, por lo que se considera inaplazable que quien lleve a cabo dichas conductas se les sancione con multas e inhabilitaciones que les impidan continuar manteniéndose como proveedores del gobierno.

La minuta fue devuelta al Senado para sus efectos constitucionales.

AMR