Palacio Legislativo 06-06-2012 (Notilegis).- La integrante de la Comisión de la Función Pública, Janet Graciela González Tostado, del grupo parlamentario del PRI, respaldó la propuesta del Auditor Superior de la Federación de crear un tribunal autónomo que sanciones a los funcionarios por actos de corrupción y señaló que el Congreso debe trabajar para fortalecer la rendición de cuentas y la transparencia.

“La ASF ha demostrado que la Secretaría de la Función Pública se ha convertido un ente adaptado a la comodidad del Presidente. Yo estoy de acuerdo en que sea un organismo independiente el que se encargue de sancionar”, dijo.

La diputada aseguró que la ASF ha hecho un gran trabajo de fiscalización e investigación, y ha enriquecido la información que discute la Cámara de Diputados sobre el uso correcto del gasto público.

El integrante de la Comisión de la Función Pública, Enrique Torres Delgado, del grupo parlamentario del PAN, subrayó que la labor de la Secretaría de la Función Pública es coordinada junto con la Auditoría Superior de la Federación, y señaló que la creación de otro organismo que se encargue de las penalizaciones, implicaría la erogación de más recursos.

“Hasta la fecha lo que ha manejado la Función Pública ha sido derivado de un trabajo coordinado con la ASF en el desarrollo de las investigaciones, un ente autónomo si bien daría un poco más de certidumbre, significarían más recursos erogados”, dijo.

Subrayó además que sería complicado replicar esa norma a nivel estatal y municipal, ya que en esas instancias, los encargados de aplicar las penalizaciones son contralores nombrados también por los Ejecutivos estatales.

El secretario de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, Ramón Jiménez López, del grupo parlamentario del PRD, enfatizó que su fracción comparte la creación de un ente autónomo que dé certeza a las irregularidades detectadas en las Cuentas Pública.

“Aunque la ASF inicia averiguaciones previas en la PGR o hace recomendaciones que debiera atender la Secretaria de la Función Pública, en la práctica eso no opera, no hay garantía que se penalice”, indicó.

Jiménez López comentó que sería una alternativa adecuada ante la “falta de eficacia de los órganos encargados de sancionar lo que la ASF encuentra por el incumplimiento de las normas.

Finalmente, el secretario de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, Mario Di Costanzo Armenta, del grupo parlamentario del PT, se pronunció por sancionar los actos de corrupción e irregularidades en la administración pública federal.

“Si no existe un castigo, no puede darse la rendición de cuentas”, dijo. Subrayó además que la Secretaría de la Función Pública genera un gasto burocrático que podría ser utilizado de una mejor manera en fortalecer a la propia ASF.

AMR