Palacio Legislativo 25-06-2012 (Notilegis).- La presidenta de la Comisión Especial contra los Feminicidios, Teresa del Carmen Incháustegui Romero (PRD), pidió a las autoridades de Chihuahua activar el mecanismo de búsqueda urgente en los casos de denuncias de mujeres y niños desaparecidos: “Protocolo Alba”.

“Es necesario eliminar los candados que activan el protocolo, como cuando la niña sea menor de once años, cuando tenga alguna discapacidad, cuando se haya extraviado al salir de su hogar, trabajo o escuela y cuando las circunstancias en las que ocurrió la desaparición pueda inferirse que se encuentre en una situación de peligro inminente”, solicitó.

La legisladora destacó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha asegurado que esas condiciones obstruyen la posibilidad de iniciar las investigaciones de manera rápida a una desaparecida.

También la diputada, María Antonieta Pérez Reyes (PAN), solicitó “un reporte detallado por nombre de cada uno de los servidores públicos en donde se especifique cuál fue el estatus de su responsabilidad en la sentencia del campo algodonero.

Cabe precisar que esta sentencia del campo algodonero emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) condenó al estado mexicano por violar derechos humanos en los casos de feminicidio sucedidos en Ciudad Juárez, en contra de Esmeralda Herrera Monreal, Laura Berenice Ramos Monárrez y Claudia Ivette González, dos de ellas menores de edad, y por la violencia de autoridades estatales ejercida en contra de sus familiares.

La legisladora también propuso se agregue una ficha especializada del expediente de las diligencias, para que cualquiera que quiera tener acceso a ver cómo se llevó a cabo el proceso para cada funcionario y no andemos con información suelta”.

Por su parte, el integrante de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD) y litigante del caso Campo Algodonero, David Peña, explicó que es necesario el informe para saber cuáles son las conductas de los funcionarios y conocer si han sido sancionados.

“No hay una conducta individualizada por su responsabilidad en Campo Algodonero, es decir los informes que se mandan a la Corte Interamericana son informes genéricos sobre sanciones a algunos servidores públicos no derivados de la responsabilidad del caso”, señaló.

La representante de la organización “Nuestras Hijas de Regreso a Casa”, Norma Andrade, aseguró que en la medida en que se castigue con cárcel a los funcionarios que permitan a los delincuentes violentar a las mujeres, se va a terminar la impunidad de los asesinatos a mujeres.

“Cuando un funcionario violenta el derecho de una víctima, también violenta el derecho de toda una familia”, señaló.

En respuesta, el director general de normatividad de la Secretaría General de Gobierno del estado de Chihuahua, Francisco Balderrama Domínguez, se comprometió a entregar el informe en tres semanas.

ASC