Palacio Legislativo 27-06-2012 (Notilegis).- Los tratados internacionales suscritos por México con Estados Unidos en materia de colaboración para el combate al crimen organizado y el tráfico de armas, le otorgan el derecho y obligación a la Procuraduría General de la República (PGR) de solicitar al Presidente del vecino país del norte, Barack Obama, la información del operativo Rápido y Furioso, con el fin de esclarecer el destino de las armas que se introdujeron ilegalmente a México, afirmó el diputado Arturo Zamora Jiménez (PRI).

“Desde que el Ministerio Público tiene iniciadas averiguaciones de los delitos cometidos con las armas que se introdujeron al país, la PGR está obligado a solicitar todas las pruebas necesarias para el esclarecimiento de los hechos delictivos cometidos; los cuales son sancionados por leyes federales mexicanas y que tienen penas de hasta 50 años de prisión”, dijo.

Zamora Jiménez enfatizó que el Ministerio Público de México puede acudir a todos los medios para esclarecer los delitos y se determine acción penal en contra de los mexicanos y de los extranjeros que hayan participado en un delito de esa naturaleza.

Lamentó que no existan sanciones o consecuencias para aquellos países que no otorguen información. “La consecuencia puede ser que los países que no estén en condiciones de compartir información, pues lo único que puede hacerse es revisar de nueva cuenta el tratado para ver si éste sigue siendo vigente o pierde eficacia”, señaló.

El secretario de la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional, Gustavo González Hernández (PAN), propuso que la PGR busque en los elementos a los que tenga acceso de la información del operativo Rápido y Furioso todo lo que le sea útil para que se pueda llevar a juicio a los culpables.

“El hecho de que el presidente Barack Obama haya hecho valer un privilegio ejecutivo de reserva de información, pues sí va a complicar las cosas respecto a poder llegar hasta el último eslabón de mando de quién diseñó y organizó este operativo”, destacó.

Lamentó que las leyes estadounidenses avalen el diseño de ese tipo de operativos encubiertos porque lo único que generaron en nuestro país fue el trasiego de armas a nuestro país y la actualización de una serie de elementos de tipo penal de tráfico de armas en territorio mexicano.

El integrante de la Comisión de Seguridad Pública, Arturo Santana Alfaro (PRD), propuso que el Gobierno Federal emita un exhorto diplomático al gobierno de Estados Unidos para conocer la verdad de los hechos de Rápido y Furioso, luego de que con las armas introducidas a la nación se cometieron delitos.

Consideró urgente que se facilite la información del operativo Rápido y Furioso porque de lo contrario, los delitos cometidos con las armas que se introdujeron “vivirán en la opacidad por algunos años más”.

“El tema aquí es que no se va a castigar o penalizar a los responsables de este operativo fallido. El gobierno mexicano debe de insistir al gobierno norteamericano para que se conozca la verdad de los hechos y se deslinden responsabilidades a quien haya tenido ese mal cálculo de introducir armas a México sin ningún control planificado”, señaló.

ASC