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Nota N°. 8485 Sin ser obligatoria la evaluación universal a docentes debe ser una prioridad de la SEP para mejorar enseñanza: Diputado Padilla López

Palacio Legislativo, 06-07-12 (Notilegis).- El presidente de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, José Trinidad Padilla López (PRI), aseguró que las autoridades educativas están facultadas para establecer las modalidades de evaluación de su personal docente, independientemente de que la Evaluación Universal sea definida como obligatoria en la Ley General de Educación.

“No hay ningún pretexto, no tiene que estar en la ley específicamente como obligatorio, son las autoridades las que por lógica deberían evaluar los distintos componentes de un sistema que está bajo su responsabilidad, sobre todo uno tan importante como es la educación”, aseguró.

El diputado confió que la prueba, acordada por la Secretaría de Educación Pública (SEP), el pasado mayo, pueda aplicarse hoy a los más de 259 mil profesores proyectados, y, así, las autoridades educativas puedan generar medidas de administración y políticas públicas para mejorar la calidad de la enseñanza.

“Se espera obtener un diagnóstico para apoyar a los profesores que hayan resultado evaluados con insuficiencias; no para despedirlos de su trabajo, sino para reforzar los programas y crear nuevas condiciones en las competencias de estos maestros para la enseñanza en las aulas”, agregó.

El legislador precisó que la reforma que establece a la Evaluación Universal como obligatoria no ha sido ratificada por el Senado de la República, cuando fue aprobada por la Cámara de Diputados desde el pasado mes de abril.

En otro tema, Padilla López destacó que la comisión que preside logró, durante esta LXI Legislatura, ampliaciones presupuestales por alrededor de 30 mil millones de pesos para la educación; 14 mil 136 millones durante el primer año; 8 mil 576 millones para el segundo; y 8 mil 179 millones el tercer año de trabajo.

Señaló que los temas que se quedan pendientes en materia de educación son el mandato de invertir el equivalente del 1 por ciento del Producto Interno Bruto en ciencia y tecnología; la modificación de la Ley General de Educación para reglamentar la reforma a los artículos 3 y 31 constitucionales en materia de cobertura universal de educación media superior; y los presupuestos plurianuales para educación superior, iniciativa planteada por la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES).

OAA

 
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