Palacio Legislativo, 12-07-12 (Notilegis).- La secretaria de la Comisión de Seguridad Pública, Teresa Incháustegui Romero, demandó protección para el sacerdote Alejandro Solalinde Guerra, quien regresa a sus actividades de defensa de los derechos humanos de migrantes, luego de ausentarse por recibir amenazas de muerte.

El luchador social debe tener garantías a su labor en defensa de los migrantes centroamericanos que cruzan nuestro país y son víctimas de abusos y discriminaciones, dijo.

“El padre Solalinde debe de tener todo el respaldo de las autoridades para su labor. Las autoridades locales y federales están obligadas a blindarlo para que su seguridad e integridad física no sufran un menoscabo, puesto que hay actores criminales y autoridades coludidas a los que les estorba el trabajo que hace”, expresó.

La diputada consideró oportuno el retorno del sacerdote dada la crisis que desencadenó en el país el estacionamiento de migrantes debido al descarrilamiento de “La Bestia”, tren de carga utilizado por los indocumentados centroamericanos en su viaje al norte del país.

Manifestó también que, tras el cierre de la casa del Migrante San Juan Diego, en el municipio de Tultitlán, Estado de México, le correspondería al Gobierno Federal implementar sitios de atención humanitaria para los migrantes varados en territorio nacional,

“Creo que el gobierno mexicano, haciendo honor a sus compromisos internacionales y regionales, debiera ponerse de acuerdo con sus homólogos centroamericanos para crear una serie de albergues”, señaló.

La legisladora Incháustegui Romero invitó al titular del Ejecutivo a trabajar los últimos meses de su gobierno en la búsqueda de una solución a la falta de infraestructura y recursos en localidades que registran más llegada de migrantes.

OAA