•Supervisión permanente a centros escolares para que no haya cobros injustificados
•La ley establece que la educación es gratuita
•El Estado debe vigilar buen funcionamiento de escuelas

Palacio Legislativo 12-08-2012 (Notilegis).- El presidente de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, José Trinidad Padilla López (PRI), propuso que la Secretaría de Educación Pública (SEP) elabore un registro de escuelas públicas que incurran en el cobro de cuotas, a fin de sancionarlas hasta con la suspensión de actividades de quienes realizan esta práctica.

“Sería deseable que las autoridades educativas en cada estado puedan tener un registro de todas las denuncias que hay y tomar medidas correctivas, para que esto no ocurra (cobro de cuotas). En muchos casos se usa la figura de patronatos de padres de familia con cuotas voluntarias y en muchos casos, colaboran en escuelas, sin embargo, nada se puede exigir”, dijo.

Lo anterior debido a que se aproxima el ciclo escolar 2012-2013 y se han presentado diversas denuncias en escuelas públicas en todo el país, por el cobro de cuotas, contrario a lo que establece la Constitución.

En entrevista, el diputado del PRI señaló que las autoridades educativas deben supervisar permanentemente a las escuelas públicas, para evitar algún cobro injustificado, ya que la ley estipula que la enseñanza es gratuita, por lo que no debe haber ninguna imposición económica para los padres de familia.

Insistió que aquellas escuelas que incurran en el cobro de cuotas deben ser sancionadas, desde una amonestación hasta la suspensión de quienes realizan esta práctica indebida.

Lamentó que la imposición de cuotas escolares se ha generalizado en varios estados del país, por lo que es responsabilidad del Estado vigilar el buen funcionamiento de las instituciones de enseñanza.

Resaltó que esta problemática se agrava cuando los padres no pueden pagar las “cuotas voluntarias” de los patronatos de padres de familia, porque, a veces, incluso, hay hostigamiento al menor.

“A veces para obligar a los padres a que se sometan a esa determinación empiezan a hostigar a los niños o les impiden el acceso a las aulas e incurren en conductas que son anticonstitucionales, sería deseable contar con un registro de todas las anomalías y tomar medidas correctivas”, precisó.

IPC