Palacio Legislativo 22-08-2012 (Notilegis).- El presidente de la Comisión de Justicia, Humberto Benítez Treviño, del grupo parlamentario del PRI, señaló que los datos que dio a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), respecto a que 2011 fue el año donde se cometieron más homicidios en el sexenio son correctos; sin embargo, indicó que se debe dimensionar por el número de habitantes de cada entidad.

En ese sentido, precisó que la media nacional es de 24 asesinatos por cada 100 mil habitantes, por lo que es un error catalogar al Estado de México como la entidad donde ocurrieron mayor número de homicidios, ya que si se hace el ajuste con su población, la media es de 17; es decir, 7 casos menos que el promedio nacional.

“Son correctos los datos del INEGI, si nosotros comparamos los número de homicidios dolosos del 2005 fueron 9 mil 129 contra 27 mil 200 de 2011, hay un incremento en todo el país de 260 por ciento. Sin embargo estos datos tienen que darse en su justa dimensión, la criminalidad se mide por cada 100 mil habitantes, de ahí se mencionaba que el Estado de México es el número uno del país, y eso no es cierto, teniendo 15 millones 157 mil habitantes tuvo menos homicidios que Chihuahua con 4 millones 60 mil habitantes”, subrayó.
Entrevistado en el Senado de la República, el diputado federal explicó que en el combate a la inseguridad, su grupo parlamentario exigió que no existan penales de alta seguridad cerca de los centros urbanos, como ocurre en Toluca, Guadalajara y Nayarit, y que los reos de alta peligrosidad sean trasladados a las Islas Marías.

“Es inadmisible qur en una política de combate a la delincuencia tengamos penales de alta seguridad cerca de los centros urbanos como sucede en Toluca, Guadalajara y Nayarit, yo propuse que los reos de alta seguridad sean trasladados a las Islas Marías y que los penales de alta seguridad se conviertan en penales para delitos del fuero común”, enfatizó.

Aunado a ello, comentó que se debe insistir en la selección, capacitación y formación de los cuerpos policíacos, ya que cobra fundamental importancia el fortalecimiento de los centros estatales de control de confianza, para evitar que policías municipales y estatales estén penetrados por la delincuencia organizada.

Respecto al fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que limita el fuero militar en los casos donde se cometen delitos del fuero común, Benítez Treviño puntualizó que el artículo 13 constitucional, establece los tribunales especiales para el fuero de guerra, por lo que la interpretación que hizo la SCJN es apegada a derecho.

“Lo que ha dicho la Corte, es que cuando un militar comete delitos en el ejercicio de su función sea juzgado por el tribunal militar y si comete delitos del fuero común sea juzgado por tribunales civiles, así debe ser y es una interpretación correcta”, indicó.

AMR